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En la última plenaria del año y con los votos de todas las fracciones políticas, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación y eligió al fiscal general de la República.
Más allá de las críticas y las acciones que alguien haga en contra del electo fiscal general, lo más importante en este momento es que se eligió a tiempo.
Claro, el tema más urgente era la aprobación del presupuesto, pues, por un lado, ese gesto político da incertidumbre al país, y si no se hubiese aprobado, se hubieran generado muchos inconvenientes en el país y en el exterior.
En el país se hubiera afectado a los excombatientes, pues cerca de 50 millones de dólares van en el presupuesto para el pago de pensiones. Es decir, a partir de enero los excombatientes registrados para recibir tal beneficio obtendrán su pensión.
Lo mismo sucederá con los docentes y trabajadores administrativos, quienes también a partir de enero recibirán el otro 50 % del incremento que negociaron con el Ministerio de Educación a principios del presente año.
Lo mismo con los trabajadores del ramo de la salud pública, quienes recibirán el incremento de acuerdo con el escalafón negociado.
Y no digamos de los nuevos proyectos o programas en el marco de la inversión.
En el campo internacional, El Salvador da certidumbre, y no dudamos que los más de mil millones de dólares que también aprobó la Asamblea Legislativa, antes de aprobar el presupuesto, serán colocados por Hacienda pronto y con menos intereses, aun cuando las calificadoras de riesgo ubican al país en categorías negativas.
No dudamos que las negociaciones del equipo de gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa, hicieron un ingente esfuerzo, y no dudamos también que los diputados de las diferentes fracciones pensaron en el interés de nación, antes que los intereses partidarios o particulares.
