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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La jueza del juzgado Noveno de Paz de San Salvador se declaró incompetente para proseguir con el juicio en contra de cuatro fiscales y dos trabajadores administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR), vinculados al Caso Corruptela.
Ayer se conocería si los seis imputados seguirían el proceso en libertad o si lo harían bajo prisión preventiva; sin embargo, la jueza argumentó que el caso ya fue expuesto en reiteradas ocasiones ante el juzgado Séptimo de Paz de esta capital, por lo que de seguir con el mismo, se estaría frente a una duplicidad del proceso. La FGR presentó la acusación contra los fiscales y empleados de la institución el pasado 11 de septiembre, después de que en junio estos renunciaran al criterio de oportunidad otorgado en 2018, cuando actuaron como testigos en el Caso Corruptela. Los implicados aseguraron haber sido obligados a solicitar el criterio de oportunidad bajo amenazas y torturas, por orden del exfiscal general Douglas Meléndez.
La abogada defensora Rosa Morán consideró acertada la decisión de la jueza de declararse incompetente en el caso, puesto que en el juzgado Séptimo de Paz no se definió la situación jurídica de los imputados, quienes pasaron de ser testigos a acusados de un tribunal a otro; aquella instancia también dejó de conocer el caso, tras haber celebrado audiencia en la que los acusados renunciaron a su calidad de criteriados.
“Allá (en juzgado Séptimo de Paz) se dieron medidas, y si acá se están pidiendo medidas, no puede haber esa duplicidad; allá ya había un inicio de la acción penal, por lo que compartimos la decisión de la jueza del Noveno de Paz de que allá debe continuarse”, manifestó la jurista. La representación de la fiscalía dijo que el proceso será remitido nuevamente al juzgado Séptimo de Paz, y añadió que el impase es cuestión interpretación de un juzgador a otro; “solo falta definir quién va a pronunciarse sobre la petición de imputación, la fiscalía promovió la acción y pues, ahora faltaría definir cuál de los dos jueces es el competente para resolver la situación jurídica de los procesados”, explicó el fiscal. Los fiscales Carolina Manzanares, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres son acusados de privación ilegal de libertad, omisión de la investigación, falsedad documental agravada y peculado; mientras que a los empleados administrativos Edwin Hernández y Damián Cabrera se les atribuye el cometimiento de peculado por más de 400,000 dólares.
La fiscalía pide que los acusados sigan el proceso en libertad tras pagar una fianza de 10,000 dólares cada uno, mientras la defensa solicita la nulidad del proceso debido a las denuncias de amenazas y torturas en contra de los implicados.
Carolina Manzanares, una de las acusadas por la FGR manifestó, que el proceso está viciado por las amenazas y coacciones en contra de los procesados; sin embargo, dijo confiar en que terminaría en una “victoria” para los imputados.
