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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La más reciente investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y otras organizaciones feministas señaló que la justicia y sociedad salvadoreña está en deuda con las mujeres criminalizadas por abortos espontáneos o extrahospitalarios, ya que la reforma del artículo 1 de la Constitución de la República, donde reconoce la vida humana desde el momento de la concepción, creó interpretaciones erróneas en los profesionales del derecho, lo cual agudizó las penas hacia estas mujeres.
Esta criminalización afecta de manera concreta a mujeres generalmente procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva, que son condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas, sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
Teresa Delgado -abogada de FESPAD- indicó que en un principio a este sector de mujeres se les acusa del delito de aborto, para después ser condenadas por homicidio agravado; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la vida independiente o prenatal no se puede imponer sobre la vida, salud y otros derechos fundamentales de la madre.
Añadió que los profesionales de salud, al no identificar normas claras o un protocolo sobre indicaciones a la interrupción del embarazo, no proceden, pese a estar en riesgo los derechos fundamentales de la madre, pues el actual Código Penal desde 1998 ya no incluyó las regulaciones para interrumpir el embarazo, esto debido a presiones de grupos religiosos, especialmente de la Iglesia católica.
Esta situación agudizó que las mujeres sean criminalizadas al tener un parto extrahospitalario; algunos jueces las condenan como homicidas por dar a luz fortuitamente en los patios o letrinas de sus casas, cuyos recién nacidos mueren sin que ellas puedan auxiliarlos, debido a que tampoco hubo quién las auxiliara; estas mujeres corren el riesgo de ser condenadas a penas de hasta 50 años de prisión.
“La prohibición del aborto deja en evidencia que solo afecta a un cierto sector de las mujeres, aquellas que son más vulnerables, pero no afecta a mujeres que tienen mejor condición económica con la posibilidad de practicarse la interrupción de su embarazo en otro país o pagar una clínica particular. Hay una desigualdad en la aplicación de la ley porque afecta a mujeres en condiciones económicas en desventaja”, aseguró Delgado.
De acuerdo a la investigación de FESPAD, todavía existen graves obstáculos para el acceso a la justicia que impiden a las mujeres criminalizadas por problemas obstétricos obtener un debido proceso, las violaciones en el proceso están presentes desde la declaración obtenida en sede policial, hasta el interrogatorio por parte del personal del Instituto de Medicina Legal, orientado a obtener confesiones coaccionadas, soslayando el derecho de defensa en esas circunstancias.
Asimismo, se dan prejuicios religiosos y personales en los juzgadores de los tribunales, lo cual se evidencia en las audiencias, fallos y hasta en los razonamientos de las sentencias, sin hacer una valoración integral de la prueba o incluso dar por acreditados hechos no probados. Los procesos judiciales carecen de la prueba que acredite la participación dolosa de las mujeres en los delitos que se les atribuyen.
