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@guevara_tuiter
Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Desde hace varios años se cuestiona por algunos voceros de la empresa privada y de entidades académicas, unhealthy la forma en que se integra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las circunscripciones electorales para elegir diputaciones a la Asamblea Legislativa y elecciones de segundo grado. Quienes suscriben ese cuestionamiento pasan por alto lo establecido en la Constitución y presionan al órgano judicial por abrir paso a su visión sobre estos contenidos importantes de nuestro sistema político. Las demandas de inconstitucionalidad son el camino escogido para alcanzar cambios en esa dirección eludiendo la reforma constitucional.
El más reciente ataque a la institucionalidad electoral lo acabamos de vivir como país en la pretensión que unificó a la derecha económica, mediática e ideológica al pretender sobrepasar facultades exclusivas del TSE, de los organismos electorales temporales, apartándose de la legislación vigente cuando pedían amparo para obligar al TSE a violar la ley y abrir los paquetes electorales para contar de nuevo voto por voto, a sabiendas que eso había sido realizado por las juntas receptoras de voto; afortunadamente la provocación de llevar al país a una crisis de impredecibles consecuencias fue rechazada.
Un empeño permanente de la derecha desde que perdió la Presidencia de la República en marzo de 2009 es transferir las decisiones propias del Organo Ejecutivo y del Legislativo a una Sala del Organo Judicial, y de allí la tentación permanente de elevar el más mínimo descontento a demanda de amparo o de inconstitucionalidad sin intentar siquiera reformas legales o demandar revisión de actuaciones.
Por ejemplo en vez de pedir reformar la Ley del FONAT, acuden a la Sala de lo Constitucional para suspender parte de su aplicación; en vez de pedir la revisión de la Ley de Transporte acuden a pedir inconstitucionalidad del cobro mediante tarjeta; o antes de agotar recursos en el TSE acuden por amparos.
La más reciente demanda a la Sala de lo Constitucional que revela esta manera de actuar es la de declarar inconstitucional la elección realizada en 2009 del actual Presidente del TSE, justo cuando está a punto de finalizar el período de su elección y de cumplir 10 años de ser Magistrado.
Es muy claro el interés de esta actuación de los activistas de derecha que han ubicado a la Sala como su centro preferente de decisiones y poder, no hay que perderse, se busca un resultado con la demanda, interferir en la elección de Magistrados del TSE que la Asamblea Legislativa debe realizar próximamente para el período 2014 – 2019, con base a los resultados electorales del 9 de marzo. Sin duda se declarará inconstitucional el hecho, y se impondrán criterios y prohibiciones incluso contrarios a lo establecido en la Constitución, así funcionan los poderes fácticos.
Además de las prohibiciones se crea un escenario propicio para promover ideas propias a la anti política. El Artículo 208 de la Constitución deja claro el derecho de propuesta a Magistrados por parte de los 3 partidos que hayan obtenido mayor número de votos en la elección presidencial y dos provenientes de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y también quedan claras las prohibiciones o incompatibilidades de la Constitución, en ninguna de ellas la pertenencia a un partido inhabilita a una persona a ser electa a un cargo de los que la Asamblea Legislativa tiene la atribución y obligación de elegir.
Desde 2011, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), propuso reformas a la Constitución a través del partido Arena, están contenidas en esas propuestas la forma de elegir al TSE, pero al constatar que sus propuestas carecen del respaldo necesario para ser aprobadas, acuden a la Sala para asegurar que los funcionarios se elijan en la forma en que ANEP propuso. Este no es el mejor camino para llevar adelante la lucha por las ideas que cualquier persona o agrupación tenga acerca de cómo debe ser la configuración del Estado salvadoreño, sería más correcto procurar éxito a sus propuestas mediante argumentos y debate.
El respeto a la institucionalidad debe empezar por el respeto a la ley primaria; el respeto al Estado de Derecho debe incluir el respeto a los derechos humanos, sociales, políticos y económicos de las personas; a las atribuciones constitucionales y legales de todas y cada una de las entidades estatales.
Se busca imponer un estado de apariencias en el que existen personas sometidas a partidos y otra clase superior de personas que van por el mundo sin contaminarse de simpatías con ningún partido, la realidad es que quienes se presentan así, trabajan eficientemente para defender los intereses políticos de grupos de poder fáctico. Esconden sus intereses en falsa transparencia y apoliticidad pero sus actuaciones definen su real caracterización política.
