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INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador

Cuando recibimos a un familiar o a un amigo venido del norte, divagamos sus aventuras en aquella tierra recordando cuan pícaros éramos de jóvenes acá; entonces el retornado hace referencia a “…allá no podría hacerlas de nuevo…”.

No es que los gringos sean aburridos, o que su sentido del humor difiera tanto por razones culturales que no encuentren motivos para soltar una canita al aire, es más bien que sea lo que se haga, consideran gravemente el marco legal que regula al actuar de la ciudadanía en aquellos lares, porque allá, la ley es ley.

El expresidente Trump creyó que podría salirse con la suya instigando a sus seguidores más extremistas a tomar por asalto el capitolio; por otro lado, amigos íntimos del expresidente Bush creyeron que, siendo cheros del jefe, podrían evadir sus cuentas con el fisco.

No es que no exista impunidad, pues por citar un ejemplo quien crea que el asesinato de Kennedy se ha resuelto es verdaderamente ingenuo, pero es el caso que la posibilidad de evadir el marco legal es poco probable.

Personajes notorios como Scarface fueron sometidos no por los asesinatos que cometió, sino por la evasión de impuestos sistemático que práctico; ello hace de aquel uno de los sistemas impositivos más sanos del orbe, en razón de que las aportaciones de la ciudadanía se tazan en relación a sus ingresos, no sin que ello redunde en no pocas demandas por malos procedimientos de los oficiales de hacienda, lo que indefectiblemente es resuelto en los tribunales.

Ello confirma a los ciudadanos que la institucionalidad allí funciona.

Por supuesto esa funcionalidad es relativa, pero admite un marco referencial que brinda certeza, confianza, y un sano sentido de pertenencia a los ciudadanos.

Y debe ser así, pues de otro modo y sin esas estructuras que brindan sustento a la legalidad como un hecho, no le sería posible a aquella nación ir más allá de sus fronteras extendiendo sus tentáculos para hacerse con bienes ajenos, sin ese marco referencial.

Esta analogía es necesaria como comparativo en relación a nuestro propio marco referencial legal: el sistema judicial.

Es desde siempre una estructura corrupta, penetrada por el hampa, al servicio de una red clientelar, y sometida a los intereses políticos y económicos que mejor paguen, por lo que nunca ha sido un poder independiente.

Así por ejemplo y desde el autogolpe que el actual gobierno se aplicara destituyendo a la corte en pleno, como al fiscal general, acusándolos de corruptos, pero dejándoles ir sin procesarlos, la corrupción en ese órgano ha alcanzado cotas tan altas que carecen de paralelos en su propia historia.

Ello acabó con la certeza jurídica, lo que no solamente alejó la inversión extranjera, impidiendo nuevos empleos, pero, además acabando con cualquier avance democrático que logramos, negando a la ciudadanía no solo nulo acceso a la justicia y a la institucionalidad, pero también retrocediendo décadas en materia social para favorecer como siempre a las élites financieras.

Y en esas condiciones, simplemente no habrá futuro.

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