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Organizaciones a escala mundial
Redacción Nacionales
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Diferentes organizaciones de migrantes, ambientales, de derechos humanos, de solidaridad, religiosas y de la diáspora en Estados Unidos y a escala internacional, denunciaron que con las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado, muchas de las personas arrestadas bajo el régimen de excepción ahora podrán pasar más de cinco años en prisión sin tener una segunda audiencia.
La justificación de la prórroga adicional da a la Fiscalía General de la República (FGR) más tiempo para preparar juicios masivos, la institución anunció que están agrupando a las 88,750 personas arrestadas en 600 casos frente a jueces anónimos.
“Los juicios masivos otorgarían amplia discrecionalidad para clasificar y tratar a cualquiera como miembro de una organización criminal, si estos juicios masivos llegaran a celebrarse, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, generando condenas colectivas de personas que no han cometido un crimen; incluso, el propio gobierno ha reconocido que personas inocentes han sido arrestadas y se refiere a ellas como daños colaterales”, señalaron las organizaciones.
Estas reformas se aplicarán a las casi 90,000 personas que han sido arrestadas sin órdenes judiciales bajo el Régimen de Excepción, bajo la llamada “guerra contra las pandillas”, consolidando a El Salvador como el país con la población carcelaria per cápita más alta del mundo.
Desde marzo de 2022 se han suspendido varias protecciones constitucionales básicas, lo que ha facilitado arrestos masivos sin órdenes judiciales y la prolongada privación de libertad sin juicio y sin pruebas.
En agosto de 2025, antes de que expirara una extensión de dos años de la detención preventiva aprobada en julio de 2023, el Ministro de Seguridad propuso un nuevo paquete de reformas que se aprobaron de manera exprés, por la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el 15 de agosto de 2025.
“En una continua y flagrante violación al derecho al debido proceso, las reformas incluyen una segunda prórroga de dos años, hasta agosto de 2027, de la detención preventiva de las personas encarceladas bajo el Régimen de Excepción. Las reformas introducen la figura de juicios abiertos, dándole alta discrecionalidad a jueces y fiscales para poder mantener procesos activos por periodos prolongados, retrasando innecesariamente los juicios”, destacaron.
Asimismo, reiteraron que los cambios a la Ley Especial contra el Crimen Organizado institucionalizan un modelo de justicia basado en el castigo colectivo, condenas anticipadas y criminalización por asociación, estas medidas violan tratados internacionales de derechos humanos de los que El Salvador es firmante, así como principios constitucionales y penales, incluyendo el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.
“Nos unimos al llamado de las familias de las víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador para exigir la liberación inmediata de las personas cuya culpabilidad el Estado no ha probado, a fin de prevenir la detención arbitraria prolongada y garantizar la libertad de quienes están encarcelados sin pruebas”, externaron.
Las organizaciones internaciones pidieron el fin del régimen de excepción”, que ha suspendido numerosas garantías constitucionales en El Salvador por más de tres años; además, demandan que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cumpla con su mandato de proteger a las víctimas del régimen y a toda la población.
