Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Fundación Cristosal presentó un informe sobre el primer año del régimen de excepción en la que se expone la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documenta prácticas de tortura sistemáticas al interior de los centros penales.
Cristosal documentó 139 muertes durante el primer año del régimen, es decir, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres. Ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención. Hasta abril de 2023, la cifra de muertes registradas por Cristosal era de 153.
Para obtener esa información, Cristosal llevó a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del Instituto de Medicina Legal (IML); así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas.
“La gran mayoría de personas entrevistadas manifestó temor a ser identificados o dar declaraciones públicas, debido al miedo a represalias por parte de las autoridades. Además, su máxima preocupación es garantizar la subsistencia y el cuidado de los hijos e hijas de las personas fallecidas. Incluso, muchas de estas familias también han sufrido desplazamiento forzado”, comentó la organización.
En la investigación se revela que las muertes ocurridas bajo custodia del Estado fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas. Fotografías y el propio IML documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres.
“Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas. Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición.
El informe detalla decenas de testimonios y casos. Uno de estos, es el de un joven de 24 años que se dedicaba a la pesca y murió en la ambulancia antes de ingresar al Hospital Nacional Zacamil. Su cuerpo presentaba una perforación que traspasaba uno de sus hombros y laceraciones en las rodillas, pero la esquela del IML determinó que murió a consecuencia de “edema pulmonar”. El impacto de la muerte provocó que su esposa de cinco meses de embarazo perdiera a su futuro hijo.
El informe profundiza en las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infligidos de manera generalizada a miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Estas acciones revelan claramente que forman parte de una política punitiva llevada a cabo por los custodios y funcionarios de la administración penitenciaria. Es evidente que tales acciones requieren la autorización y el respaldo de las autoridades de más alto nivel en el ámbito de Seguridad.
La evidencia testimonial recopilada permite constatar la existencia de prácticas de tortura colectiva al momento de ingresar a las instalaciones penitenciarias. Entre estas se encuentran los traumatismos infligidos con macanas por parte de los custodios, así como torturas por posición, como obligar a los detenidos a arrodillarse sobre grava hasta que sangren, mantenerlos en posición de “cuclillas” durante largos períodos de tiempo y aplicar otras restricciones de movimiento.
Formas de tortura se perpetúan a lo largo de los meses durante la privación de libertad.
Además, se han reportado casos de asfixia y choques eléctricos, golpizas al ingreso a centros penales, hacinamiento, así como lesiones penetrantes que han sido constatadas en personas fallecidas dentro de los centros penales. También se ha documentado el uso indiscriminado de gas pimienta con el propósito de infligir dolor. Se han registrado humillaciones extremas, como arrojar los alimentos de los internos al suelo y al lodo, obligándolos luego bajo amenazas a comer directamente del suelo utilizando únicamente su boca, mientras son denigrados llamándolos “perros”. Algunos detenidos han sido forzados a presenciar torturas infligidas a otros, incluso llegando a presenciar muertes causadas por los golpes propinados por los custodios.
Para Cristosal, esta investigación adquiere una relevancia particular en un contexto caracterizado “por la opacidad generalizada de la información pública, la manipulación de estadísticas y la distorsión de los datos con el fin de favorecer la imagen de la gestión gubernamental en materia de seguridad”.
De hecho, incluso las familias de quienes han sido privados de libertad durante el régimen de excepción continúan sin obtener información acerca de las condiciones de vida de sus seres queridos, su estado de salud y, lo que resulta aún más grave, la fecha y causa de su fallecimiento. Esto tras que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no informa sobre los decesos o muertes violentas de las personas bajo su custodia, y en la mayoría de los casos, los familiares se enteran a través de empleados de funerarias o, en ocasiones, mediante redes sociales.
La organización hizo un llamado al Estado para que aclare las condiciones de los detenidos en los centros penales, respete el debido proceso, libere a las personas inocentes, responda por las muertes, ya que ni siquiera disculpas han ofrecido a los más de 5 mil personas que han dejado en libertad por no tener vínculos con pandillas.
