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Saúl Méndez
Colaborador
El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) presentó los resultados de un estudio elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Asociación para el Desarrollo Sostenible Popol Na, en el que se advierte que, pese al incremento sostenido del gasto público en salud y educación desde 2017, El Salvador no ha logrado traducir esa inversión en mejoras significativas para la población.
El estudio evidenció que, aunque el gasto público en salud se duplicó desde 2017 y actualmente representa el 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB), el sistema podría alcanzar resultados similares con menos recursos si se corrigen las ineficiencias existentes, señalaron economistas.
Los hallazgos sobre el gasto en salud indican que El Salvador presenta un alto nivel de ineficiencia en el uso de los recursos: con el mismo presupuesto, personal y número de camas hospitalarias podrían lograrse mejores resultados, como un aumento en la esperanza de vida de la población, explicaron los especialistas.
FUDECEN también determinó que, en el ámbito educativo, se ha registrado una mejora en la productividad; sin embargo, advirtió que el gasto en educación se ha mantenido por debajo del 4% del PIB. Además, señaló que la mayor parte del presupuesto (cerca del 70%) se destina al pago de salarios, lo que deja un margen limitado para inversiones en infraestructura.
“El análisis identifica un exceso de gasto equivalente al 0.7% del PIB, que podría reasignarse a atención primaria y prevención. En educación, el presupuesto destinado a educación básica cayó de 60.4% a 37.7%, mientras aumentó el gasto administrativo”, detalló FUDECEN.
“El esfuerzo fiscal no se ha traducido en mejoras sustanciales en los servicios ni en los resultados para la población, a pesar de que El Salvador ha incrementado de forma sostenida el gasto público en salud y educación durante los últimos años”, señalaron los autores del estudio.
El presidente de COLPROCE y de FUDECEN, Óscar Cabrera, afirmó que el caso salvadoreño destaca de forma negativa en el comparativo regional.
“Cuando hacemos una comparación de la frontera de posibilidades centroamericanas en salud, lo que encontramos para El Salvador es que es el sistema más ineficiente”, señaló.
FUDECEN sugiere que una parte de los recursos ya asignados podría reorientarse sin necesidad de aumentar el presupuesto total. Aproximadamente $250 millones podrían destinarse a áreas de mayor impacto, como la atención primaria de salud y los programas de prevención, que resultan más costo-efectivos que la atención hospitalaria.
“No se trata solo de comprar equipos, sino de integrarlos a los procesos, capacitar al personal y actualizar protocolos con base en evidencia y mejores prácticas internacionales”, opinó al referirse a las limitaciones en la capacidad para adoptar y aprovechar el cambio tecnológico.
“En los últimos años se ha invertido en tecnología, pero el país no ha logrado integrar de forma eficiente herramientas como los historiales clínicos digitales, la telemedicina o la lectura remota de exámenes médicos”, explicó.
Además, advirtió que desde la pandemia por COVID-19 se ha registrado una caída en los indicadores de vacunación, lo que podría generar efectos negativos en los próximos años, especialmente en la población infantil.
En educación, el estudio identifica una dinámica distinta, aunque con resultados similares. Cabrera explicó que la ineficiencia no responde a un exceso de gasto general, sino a la forma en que se distribuyen los recursos y a las decisiones de política pública que han reconfigurado la estructura presupuestaria.
Según el análisis, en la última década se ha reducido el peso del gasto destinado a la educación básica, mientras ha aumentado la asignación a programas educativos y componentes administrativos, una tendencia asociada a la implementación de iniciativas transversales como Mi Nueva Escuela, Dos Escuelas por Día y Enlaces con la Educación.
A ello se suma que las remuneraciones absorben entre el 60% y el 70% del presupuesto educativo, lo que limita la inversión en infraestructura, tecnología, materiales didácticos y programas de apoyo a los estudiantes.
El estudio también advierte una desconexión entre el acceso a tecnología y los resultados educativos. Aunque El Salvador cuenta con un nivel relativamente alto de capital digital y acceso a internet, estos recursos no están siendo aprovechados de manera efectiva en el proceso pedagógico, lo que se traduce en bajos niveles de aprendizaje.
Por otra parte, Cabrera también se refirió al reciente acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador y cuestionó si esta es la mejor opción para el país.
“¿Qué es mejor: continuar pagando los $105 millones que equivalen al 10% del arancel y mantener independencia en política comercial, o diversificar nuestro mercado para obtener mayores beneficios y compensar ese pago del 10% del arancel?”, cuestionó.
“No es cuánto se gasta, sino cómo se gasta”, concluyeron.
