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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
Human Rights Watch (HRW), en la 36.ª edición del Informe Mundial 2026, se refirió a la situación de derechos humanos en El Salvador, donde destacó que el gobierno del presidente Nayib Bukele concentró poder y profundizó la represión contra defensores de derechos y críticos.
La instancia internacional apuntó que el segundo mandato de Bukele es inconstitucional, pues la Constitución de El Salvador prohibía la reelección presidencial inmediata, y agregó que la situación se agravó con las reformas constitucionales realizadas por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, para derogar los límites a la reelección presidencial y ampliar el periodo de 5 a 6 años.
HRW se refirió al régimen de excepción, que suspende derechos básicos y que está vigente desde marzo de 2022. «Las autoridades han cometido violaciones de DD. HH. generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención y violaciones al debido proceso», aunque reconoció que la violencia relacionada con las pandillas ha disminuido drásticamente.
Al menos 458 personas han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario.
Ataques a la sociedad civil
El Gobierno ha intensificado los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sindicales, afirmó HRW.
Uno de los casos más recientes, ocurrido en mayo de 2025, fue cuando las autoridades detuvieron a José Ángel Pérez, líder comunitario, y a Alejandro Henríquez, abogado, bajo cargos de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”, tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de una comunidad.
En ese contexto, la Asamblea aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que exige a cualquier persona u organización en El Salvador, que reciben directa o indirectamente fondos, se registre como “agente extranjero”, lo que permite sancionar las actividades contra el “orden público” o que amenacen “la estabilidad social y política”. Además, impone un impuesto del 30 % sobre toda financiación extranjera, incluyendo donaciones.
«Esto viola las obligaciones de El Salvador conforme al derecho internacional de DD.HH. que protegen la libertad de expresión y asociación», afirmó el HRW.
Ese mismo mes, las autoridades detuvieron a Ruth López, defensora de derechos y directora del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, y la acusaron de “enriquecimiento ilícito”. En junio, las autoridades detuvieron a Enrique Anaya, abogado y crítico del Gobierno, y le imputaron el delito de “lavado de dinero”. Ambos permanecen en régimen de incomunicación.
En julio, Cristosal anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador, alegando una “escalada represiva”. Entre mayo y septiembre, al menos 140 defensores y periodistas, entre ellos periodistas de El Faro, huyeron del país por temor a represalias por su trabajo.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció 789 agresiones a la libertad de prensa durante 2024, lo que representó un aumento del 154 % con respecto de 2023. En septiembre, la APES también anunció el cierre de sus oficinas en El Salvador.
Políticas de seguridad
El régimen de excepción, que suspende derechos procesales, se ha prorrogado 45 veces y, bajo esta medida, la Policía y el Ejército han realizado cientos de redadas, especialmente en comunidades estigmatizadas y de bajos recursos, deteniendo a más de 90.000 personas, incluidos más de 3.000 niños. La mayoría permanece en régimen de incomunicación en prisión preventiva.
Organizaciones locales e internacionales de DD.HH. han documentado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas, torturas y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. Las autoridades no han informado de la imputación, procesamiento ni condena de ningún policía o militar en relación con estos abusos. En un informe de septiembre de 2024, la CIDH identificó “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos” e instó a las autoridades a poner fin al régimen de excepción.
«Muchos de los detenidos no tienen vínculos aparentes con la violencia de las pandillas. Las detenciones suelen basarse en pruebas no corroboradas o falsas, incluyendo la apariencia física, tatuajes de cualquier tipo, llamadas anónimas y la presión para cumplir con cuotas de arrestos», expresó HRW.
En febrero, los diputados aprobaron reformas a la Ley Penal Juvenil para permitir el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos. La medida los expone a mayores riesgos de abuso y contradice estándares internacionales de justicia juvenil.
Asimismo, en agosto, la Asamblea reformó la Ley contra el Crimen Organizado para ampliar el plazo de la prisión preventiva aplicable a personas detenidas durante el régimen de excepción acusadas de pertenecer a estructuras de crimen organizado, lo que permitiría mantener a las personas detenidas hasta por cinco años antes de que se celebre el juicio.
Concentración de poder
En diciembre de 2024, la Asamblea legislativa reeligió a Rodolfo Delgado como fiscal general, quien había sido designado en mayo de 2021, cuando el pleno destituyó y reemplazo a Raúl Melara y a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (CSJ).
En 2021, Delgado desmanteló el Grupo Especial Antimafia (GEA), una unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que investigaba presuntos casos de corrupción de altos funcionarios de Bukele y las negociaciones del gobierno con pandillas. En septiembre de 2021, el órgano Legislativo aprobó leyes que permiten a la CSJ y al fiscal destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años y trasladarlos a otros puestos.
Para HRW, «estas leyes contradicen los estándares internacionales de DD. HH. sobre independencia judicial».
En materia de concentración de poder, en enero de 2025, la Asamblea también ratificó una reforma del art. 248, que permite reformar la Constitución en una sola legislatura. Anteriormente, las reformas debían ser aprobadas por dos legislaturas.
