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Redacción Nacionales
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Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente Sur, denunciaron este jueves la presencia de soldados de la Fuerza Armada en la zona donde la Asociación de Municipios Los Nonualcos y la empresa mexicana CYEEMSA pretenden construir un relleno sanitario, al cual se opone la población por sus implicaciones negativas en la salud y daños al medioambiente.
Los pobladores de la zona alertaron sobre la presencia militar, pero también de personeros de la empresa encargada del proyecto, con quienes los habitantes no han podido llegar a acuerdos para sostener una reunión formal para que sus demandas sean escuchadas.
De hecho, como se documentó recientemente en un reportaje publicado en este medio, han recibido llamadas con amenazas de que se podrían girar órdenes de captura contra líderes comunitarios y de organizaciones que acompañan la lucha por la no construcción del relleno sanitario, si no se accedía a una negociación.
Sin embargo, César Cañas, coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, dijo que “ellos (la empresa) quieren que se negocie sobre la base de que van a pavimentar la calle, donde ellos mismos van a entrar con 265 toneladas de basura diarias con sus camiones. La única negociación que la comunidad ha definido es que saquen ese basurero del territorio, no hay otra negociación”.
Durante la tensión que se generó este jueves en San Francisco Angulo, por la llegada de militares a la comunidad, hubo presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyos representantes acompañaron de cerca a los habitantes que se mantenían en la zona para intentar impedir que la construcción continúe.
Mientras la PDDH daba seguimiento, trabajadores de la empresa mexicana aprovecharon para avanzar en la instalación de una malla para evitar que los habitantes de la comunidad ingresen en la zona donde se construirá el basurero.
Son al menos 400 familias las que se verán afectadas con la construcción de este relleno sanitario. Entre 2007 y 2008 se realizó una “primera etapa” de un relleno sanitario que, en esa ocasión, se concedió para un año, aunque al final funcionó por 9 meses, pues se llenó en ese periodo y se tuvo que cerrar, también, debido a las presiones de la comunidad.
“Aquí hay dos atentados: una a la parte humana y la otra a las especies. Nosotros como comunidad nos oponemos al problema que se nos agudiza, porque hay ríos, el relleno antiguo contaminó gran parte del Río Salamar”, dijo a Diario Co Latino Félix Laínez, presidente comunal de San Francisco Angulo.
La comunidad también asegura que la construcción no sólo generará un daño a la salud de las personas y un deterioro significativo del medio ambiente, así como la contaminación del agua. Según los pobladores, en julio de 1981 la Fuerza Armada y grupos paramilitares asesinaron a al menos 45 personas civiles, la mayoría mujeres, ancianos y niños.
En 2007, fueron exhumadas 30 osamentas de la Masacre de San Francisco Angulo, la cual la comunidad aún recuerda y resiente. Otras 15 personas, más los desconocidos, siguen en la zona, muchas de ellas en el sitio donde se construirá el relleno sanitario.
En ese entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió medidas cautelares a favor de la comunidad. La Procuraduría recomendó a la Asociación de Los Nonualcos abstenerse de realizar todo tipo de obra física, con maquinaria pesada o manualmente, en la zona de terracería.
Asimismo, al Ministerio de Medio Ambiente le recomendó que tenía que priorizar el derecho a la salud y la vida de los habitantes de San Francisco Angulo y, a la Fiscalía General de la República, que destinara todos los recursos y el personal necesario para hacer las investigaciones por graves crímenes de lesa humanidad durante la guerra.
Esta no es la primera vez que hay presencia militar en la zona. Cañas aseguró anteriormente que, debido a este proyecto, la comunidad no ha tenido tranquilidad. “Hemos visto que a raíz de este problema (relleno) hay una visita constante militarizada del área donde se está destruyendo el bosque; o sea, se mueven permanentemente y lo vemos como una humillación a la comunidad”, dijo.
Agregó que, bajo el contexto del régimen de excepción, esta presencia militar se ha convertido en una amenaza latente, pues “también hemos tenido algunos jóvenes o nuestros hijos que van a comprar, o algunos que estaban haciendo algunos estudios de verano, los han bajado (los militares) y los han comenzado a estar reprimiendo”.
Los habitantes de la comunidad solicitaron a la sociedad civil, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la población en general mantenerse atenta ante cualquier vulneración de sus derechos, pues aseguran que se mantendrán firmes en la lucha para que la construcción del basurero no se lleve a cabo.
