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Redacción Nacionales
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Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, lamentó que el gobierno salvadoreño no respondió ante la solicitud de información sobre la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de derechos humanos de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC)
La carta de solicitud de la información fue enviada al gobierno de El Salvador el 15 de mayo de 2025, la cual permaneció confidencial durante 60 días, tiempo durante el cual se esperaba que el gobierno respondiera, pero no lo hizo, sin embargo, si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Según informes recibidos por la relatora Lawlor, Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC, fue capturado por segunda vez el 25 de febrero de 2025, se encuentra en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, aunque esta información nunca ha sido comunicada de manera oficial a su familia, más bien, le informaron a su madre cuando le llevó comida. Zavala tiene acceso limitado a agua y productos de higiene personal.
En cuanto a los abogados de UNIDEHC, Ivania Cruz y Rudy Joya, INTERPOL accedió a una solicitud del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador de emitir alerta roja contra ellos.
Asimismo, el 9 de febrero de 2025, dos líderes de La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, fueron detenidos cuando llevaban a cabo diligencias de mediciones de terreno en la comunidad, la cual fue conformada hace más de 15 años por personas desmovilizadas y desplazadas por la guerra de los años noventa.
Desde entonces, más de 200 familias habrían establecido sus domicilios allí, sin que nadie reclamara su derecho de dominio. En mayo de 2024, un grupo de personas desconocidas, actuando bajo las órdenes de un hombre que se presentó como dueño del terreno, llevó maquinaria pesada al sitio y llevó a cabo un desalojo arbitrario y violento, dañando varias de las viviendas y derrumbando algunas de ellas. La persona que afirmó ser la dueña no presentó ningún documento para demostrar su derecho o algún tipo de orden judicial, por lo que el 13 de febrero de 2025, el equipo de UNIDEHC acompañó a un grupo de habitantes de La Floresta para interponer un aviso penal ante la FGR contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por su detención.
En la mañana del 25 de febrero de 2025, Fidel Zavala habría acompañado a algunos líderes de La Floresta presentaron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con respecto a la detención de los dos líderes de la comunidad.
El mismo día, a las 9 de la noche más de 20 líderes comunitarios de La Floresta, incluyendo dos mujeres embarazadas fueron detenidos en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía acusados de presuntos delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de profesión y agrupaciones ilícitas, con relación a sus esfuerzos de frenar el desalojo de las 200 familias de La Floresta.
En la carta enviada por la relatora Lawlor pidió al gobierno información sobre la base fáctica y jurídica del arresto y detención bajo los cargos de ‘asociaciones ilícitas’, ‘comercialización ilegal de parcelas o lotificaciones’, y ‘ejercicio ilegal de la profesión’ contra Fidel Zavala, y explique cómo estas acciones cumplen las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
Además, brindar información sobre las medidas adoptadas para asegurar la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso penal, así como la decisión de ordenar una repetición del juicio en su contra.
También, cómo se garantiza el derecho de Zavala a recibir visitas de sus familiares y abogados, su derecho a gozar del tiempo y los medios necesarios para la preparación de su defensa, incluyendo el derecho a comunicarse con el defensor de su elección.
En el documento se pidió información sobre la base jurídica de los cargos de ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘comercialización de lotificaciones’ contra Rudy Joya e Ivania Cruz, así como el allanamiento de su domicilio y las oficinas de UNIDEHC en San Salvador. Asimismo, el arresto, detención y los cargos de ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘comercialización de lotificaciones’ contra los 24 líderes de La Floresta.
A través de la carta, se instó al gobierno salvadoreño a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier responsable de las violaciones alegadas; así como tomar las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se vuelvan a repetir.
