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La falta de documentos oficiales de los planes de Gobierno limita grandemente la participación y contraloría ciudadana y, lamentablemente, imprimen un alto grado de improvisación, aseveró la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Habiendo transcurrido el primer semestre de la actual administración de gobierno, la Fundación resaltó la marcada ausencia de instrumentos de planificación que permitan orientar el trabajo estratégico; pero, además, que posibiliten la participación y contraloría ciudadana, así como el establecimiento de un sistema de indicadores de cumplimiento.
“Del Plan Control Territorial no se conoce documento alguno que haya sido presentado públicamente. En enero 2020, el Gobierno anunció el lanzamiento del Plan de Despegue Económico, cuyo documento estaría listo dentro de seis meses. Y, más recientemente, a raíz del problema de la calidad y cantidad del agua, se anunció el Plan Nacional del Agua. De todos estos planes no existe un documento oficial y, por tanto, tampoco existe acceso público a los mismos”, expuso FESPAD.
“Da la impresión que el órgano Ejecutivo prioriza en las acciones mediáticas más que en la planificación para resultados positivos al mediano y largo plazo, lo que puede afectar estratégicamente el rumbo que el país necesita emprender para atender y resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos”, agregó.
FESPAD señala la importancia de generar espacios reales de participación ciudadana, a fin de lograr una transformación “en la forma en la que se plantea la gobernanza que permite revestir a las personas de su naturaleza de sujetos de derecho, más que de beneficiarias pasivas de las decisiones que se adoptan”.
Asimismo, exhortó al Ejecutivo a hacer operativos los principios de participación, empoderamiento, transparencia, no discriminación, responsabilidad y dignidad humana que, desde un enfoque de derechos, se proponen para contribuir al perfeccionamiento del ejercicio de la democratización, la gobernanza y la gobernabilidad.
