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Redacción Nacionales
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Un Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Gobierno de Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad.
En el informe, el grupo señala que Nayib Bukele ha convenido el régimen de excepción en una “política de Estado” represiva, que violenta los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas. El grupo de expertos concluyen que existen “bases razonable para creer” que Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinatos, encarcelamiento de niños, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas dentro del régimen de excepción, medida estatal vigente desde marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios.
Bukele ya ha sido fuertemente criticado por violentar los derechos humanos; no es la primera vez que se han presentado denuncias a escala nacional e internacional. Sin embargo, está sería la más significativa ya que se presenta en la ONU, en Ginebra Suiza.
GIPES se formó en 2024, lo integran cinco personas independientes y de reconocida trayectoria: Susana SáCouto, profesora de derecho internacional penal y humanitario de la Universidad Americana de Washington; Claudia Martin, especialista en derecho internacional de DDHH; Gino Costa, exministro del Interior de Perú y experto en seguridad; Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y exsecretario ejecutivo de la CIDH; y José Antonio Guevara, especialista en derecho penal internacional y expresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. Este, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El documento, de 275 páginas, cuenta con más de 1700 fuentes primarias y secundarias; entre entrevistas con las víctimas directas del régimen de excepción, documentos oficiales de El Salvador, declaraciones de funcionarios, informes de órganos de protección de derechos humanos de la ONU, reportes de la prensa nacional, así como las investigaciones de la sociedad civil salvadoreña que han documentado la realidad.
Para determinar si los hechos en cuestión constituyen delitos de lesa humanidad, el grupo de expertos se guió en los estándares del derecho internacional, como el Estatuto de Roma. Este instrumento ha sido ratificado por El Salvador en 2016, por lo que, tiene jurisdicción sobre actos cometidos por sus ciudadanos. También, los expertos aplicaron los criterios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
El Estatuto de Roma, en su artículo 7, señala a los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que son parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque y que forma parte de una política de Estado.
Dicho lo anterior, los crímenes de lesa humanidad que podrían suceder en El Salvador serían objeto de investigación, y los delitos serían imprescriptibles. La responsabilidad no solo recae en los autores materiales, sino también en los autores intelectuales, en este caso, sobre quien planeó o dirigió la política de Estado.
El informe indica que la medida, el régimen de excepción, vigente desde hace 4 años, ya perdió su característica de temporalidad, ya que el régimen es por 30 días, pero se prorroga mes con mes en la Asamblea Legislativa, por lo cual, se ha transformado en una serie de políticas y prácticas que han causado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, señaló.
“No pueden ser consideradas reacciones legítimas a una situación de emergencia, ni son casos aislados, sino parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal”, señala el informe, que agrega que los más de 90 mil personas detenidas en el régimen no han cumplido con el debido proceso: muchas no fueron informadas de las razones de sus arrestos; de hecho, explican que la PNC realizó capturas para cumplir con las cuotas o se basaban en la apariencia física o los tatuajes.
Bukele, así como algunos de sus funcionarios han informado que se han dejado en libertad a 8 mil personas luego de no encontrárseles vínculos con pandillas; pero a ellos se les acusó públicamente sin pruebas y ni siquiera le pidieron disculpas.
Los detenidos en el régimen de excepción se enfrentan a prácticas de tortura, tratos cueles e inhumanos o degradantes, tales como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica y la negación de alimentos básicos y agua; también se les ha negado atención médica y los medicamentos. Esto lo han documentado varias organizaciones defensoras de derechos humanos como CRISTOSAL, quien se exilió del país tras el acoso del Gobierno.
De hecho, su principal vocera, Ruth Eleonora López, fue detenida hace un año por ser crítica al Gobierno y evidenciar las violaciones a DDHH; el régimen de excepción ya no es una medida para el restablecimiento del orden, tal y como se planteó en marzo 2022 cuando se aprobó la medida; sino, se ha convertido, dice el informe, para atacar a opositores políticos y voces críticas. El grupo de expertos señala que el régimen perdió la esencia inicial “combatir a las pandillas”, ya que los índices de criminalidad se han reducido drásticamente.
Por lo que, recomiendan al Gobierno y a la ONU, la creación de una comisión de carácter independiente que revise los casos, analice y clasifique los expedientes, para buscar salidas legales y humanitarias para las personas detenidas injustamente que han sido víctimas de violaciones a sus derechos.
Hasta marzo de 2024, cuando se cumplieron dos años del régimen, diversas organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 814 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Socorro Jurídico Humanitario ha informado que 500 personas bajo custodia del Estado han muerto dentro de las cárceles; mientras que el Gobierno las atribuye a muertes naturales.
El informe indica que existen 540 casos de desaparición forzada; muchas víctimas fueron detenidas y sus familiares no saben de su paradero; estos casos se evidencian en las marchas que realiza el MOVIR. Human Rights Watch, citada en el informe, destaca que hasta 2024 habían sido detenidos 3,319 menores de edad durante el régimen de excepción, de los cuales al menos 22 habían sufrido abusos.
Este informe se dio a conocer durante el 195 período de sesiones de la CIDH.
