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Por David Alfaro
En 2026 el gobierno destinará alrededor de 2,400 millones de dólares al pago de la deuda pública. Esto no es una señal de fortaleza fiscal, sino una advertencia seria sobre el rumbo que ha tomado el país. Estamos hablando de 23 dólares de cada 100 que ingresen al presupuesto nacional que serán usados no para salud, educación, vivienda o empleo, sino para cumplir compromisos financieros y evitar el impago.
La pregunta no es si se pagará la deuda, sino a qué costo social se hará. El dinero no está apareciendo por arte de magia ni por un crecimiento económico extraordinario. Está saliendo del recorte sistemático del Estado Social (modelo de Estado en el que el gobierno asume la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de bienestar para toda la población, especialmente en salud, educación, trabajo, seguridad social y servicios básicos, buscando reducir las desigualdades y proteger a los sectores más vulnerables). Más de 23 mil trabajadores públicos ya han sido despedidos. Hospitales y unidades de salud operan con escasez de medicamentos, insumos y personal. Instituciones clave están paralizadas o funcionando a medias. La Dirección de Obras Municipales, que fue vendida como símbolo de desarrollo, hoy muestra una caída evidente en la ejecución de proyectos.
Este ajuste no es técnico ni neutro. Es profundamente político. Se está pagando la deuda sacrificando derechos básicos y debilitando servicios esenciales. Es una medicina amarga que no se reparte de manera equitativa, porque no la pagan quienes tomaron las decisiones de endeudamiento, sino la población común que ve deteriorarse su calidad de vida.
Bukele insiste en que la deuda debe reducirse, pero esa afirmación oculta una realidad amarga: la reducción no proviene de un modelo económico productivo, ni de un aumento sostenible de ingresos, sino de recortes, despidos y contención del gasto social, mientras el país sigue endeudándose para cubrir necesidades inmediatas y obligaciones heredadas del propio gobierno actual.
Aquí surge la gran pregunta que el oficialismo evita responder. En seis años y medio, Bukele nos ha endeudado por cerca de quince mil millones de dólares. Si ese dinero no se refleja en infraestructura productiva, empleo masivo ni crecimiento económico visible, entonces es legítimo preguntarse dónde está ese dinero y en qué se utilizó realmente.
Pagar 2,400 millones en 2026 no es una victoria. Es una señal de alarma. Un país que dedica una cuarta parte de su presupuesto sólo a deuda está hipotecando su futuro. Y cuando ese pago se hace a costa del bienestar de cientos de miles de salvadoreños, lo que queda no es estabilidad, sino una profunda injusticia social y una economía sostenida con sacrificios que siempre recaen sobre los pobres.
