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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En una maratónica jornada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia conjunta para los casos: Hermanas Serrano Cruz (2005), Contreras y otros (2011) y Rochac y otros (2014).
La audiencia tocó dos puntos: el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el cumplimiento de las sentencias en materia de niñez desaparecida durante el conflicto armado de El Salvador, en la década de los años ochenta.
El argumento de las organizaciones es claro: “Las sentencias de la Corte IDH han dejado al descubierto la manera en que los cuerpos de seguridad del Estado sustrajeron niñas y niños, desapareciéndoles forzadamente”, lo que consideraron es un “Crimen de Lesa Humanidad”.
La primera sentencia de la Corte IDH en el 2005, Caso Hermanas Serrano Cruz, señalaron que ya pasaron 17 años, sin que las autoridades a cargo de la investigación, es decir, la Fiscalía General de la República, haya logrado esclarecer el paradero de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz.
Para el año 2011, la Corte IDH sentenció de nuevo al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de los hermanos Gregoria, Serapio Cristian y Julia Contreras, así también las hermanitas Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera, perpetrada por soldados del ejército entre los años 1981 a 1983.
Y luego, tres años después, en 2014, la Corte IDH emitió su tercera sentencia en el Caso Rochac Hernández, además de Santos Ernesto Salinas, Emelinda Hernández, Manuel Bonilla y Ricardo Abarca, de hechos ocurridos entre los años 1981 a 1982.
En cuanto a los argumentos sobre el cumplimiento de las sentencias, y el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno salvadoreño, Gisela de León, directora de CEJIL y que ha acompañado a Pro Búsqueda en estos procesos judiciales, señaló que las investigaciones han venido siendo retrasadas, sumando algunas sentencias más de una década sin un trabajo fiscal o judicial concreto.
“La actuación del Estado en la Audiciencia deja clara la descoordinación entre la Fiscalía y la CND, que las diligencias de búsqueda han sido genéricas y que no hay líneas de investigación específica. Han pasado 40 años y los casos se mantienen en la impunidad”, alegó De León.
Asimismo, reiteró el llamado a la Corte IDH para que ordene al Estado salvadoreño el acceso a información de archivos militares de la época, para establecer a partir de los operativos realizados en el territorio se logre una información más efectiva para dar con el paradero de estos niños y niñas desaparecidas.
Por lo que solicitaron a la Corte IDH, al expresar su preocupación que las víctimas sobrevivientes pueden fallecer sin ver la justicia, peticionaron el seguimiento permanente de la Corte IDH, al Estado salvadoreño para cumplir con las sentencias e investigar a los autores y sancionarlos.
Asimismo, Reina Portillo, sobreviviente, alegó ante la Corte IDH que a través de varios testimonios supo de estos hechos violentos en la que se vieron envueltas sus sobrinas durante la Guinda de Mayo, y su posterior desaparecimiento en Chalatenango.
“Yo pude reconstruir la cadena de hechos para saber como se las llevaron ¿Cómo es que las autoridades no han podido?, que tienen poder para ordenar y conocer los hechos”, expuso Portillo.
Los agentes del Estado, aunque negaron reiteradamente un “bloqueo sistemático” a las iniciativas de investigación de la niñez desaparecida y en este caso de 13 niños, de las tres sentencias de la Corte IDH, señalaron que se encuentran en disposición de trabajar por las víctimas.
Eduardo García, director de Asociación Pro Búsqueda, dejó en evidencia a la CNB del gobierno, cuando estos afirmaron que los archivos militares no contenían ese tipo de información que pretendían las organizaciones y familiares de las víctimas que se abrieran para investigar los casos.
Al contrastar con tres testimonios de oficiales militares en retiro: Bustillo (FAES), Blandón y David Munguía Payes, que afirmaron en sus declaraciones conocer de la desaparición de niñas y niños, la adopción y la participación de funcionarios del Ejecutivo de aquella época en las “venta de niños” a familias extrajeras y militare que se quedaron con ellos.
“Ese retardo de investigación de los casos, el reconocimiento de la necesidad del acceso a los archivos, son faltas del Estado, no solo deben estar informando a las víctimas, sino también tomarlas en cuenta a la hora de definir un plan de búsqueda e investigación de los casos”, dijo García.
“El Estado solo ha presentado líneas genéricas de los casos y no un plan concreto para la investigación, no pueden mantener a las familias en la incertidumbre porque ellas tienen derecho a la verdad y no solo para estas familias, sino también para la sociedad”, reiteró.
Para García, esos 17 años de la primera sentencia de las Hermanitas Serrano Cruz y los 40 años del cometimiento de los hechos de lesa humanidad, se intensifican porque estos casos han tenido un proceso largo injustificable “no puede ser que un caso lleva 10 años en la fase de instrucción sin mayor actividad”, lo que consideró una permanente violación a las víctimas y sus familiares.
Mientras, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Erick Acuña, recomendó a la Corte IDH que adopte medidas necesarias para la búsqueda efectiva de las víctimas, que haya restitución de la identidad de las víctimas –quien así la quiera-, que fortalezcan la labor de la búsqueda.
“Queremos que se incluyan los archivos militares y que incluya un cronograma para dar respuesta a la Corte IDH. Y presenten verdaderamente un plan de investigación y que se mantengan las medidas de supervisión en el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH”, puntualizó Acuña.
