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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
“Soy la mamá de Herbert Argueta, desapareció el 4 de agosto de 2021, y, a la fecha, no sé nada de mi hijo. Y de la audiencia (CIDH) que acabo de escuchar sólo puedo decir: Que así como el Gobierno no reconoce los datos que les mostró la sociedad civil, pues, así yo, no reconozco los datos que el Gobierno ha dado”, expresó Carmen Argueta.
Herbert, de 32 años de edad, desapareció en agosto de 2021, cuando salió de su casa a comprar alimentos para preparar una cena, en el municipio de Mejicanos.
En el 188º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizan entre el 30 de octubre al 10 de noviembre, en la ciudad de Washington, se abordó el tema de las “Personas Desaparecidas” en El Salvador, con la presencia de la sociedad civil y representantes del Estado salvadoreño.
EL Grupo de Trabajo por la Personas Desaparecidas en El Salvador, que integran ALERTA Raquel, ASDEHU, Cristosal, DPLF, FESPAD, ORMUSA, SSPAS y el IDHUCA, documentó este fenómeno de violencia perpetrado por las pandillas y la ausencia de una búsqueda, investigación y reparación de las víctimas y sus familiares de parte del Estado.
Las declaraciones de las madres que buscan a sus hijos e hijas, luego de concluir la audiencia ante la CIDH, muestran su preocupación por la gravedad de omisiones de parte de agentes del Estado que rallan en inexactitudes del contexto de las personas desaparecidas en El Salvador.
Sandra Chafoya, madre Joshua Natanael Chafoya, de 17 años de edad, desaparecido en el Paseo El Carmen, Santa Tecla, La Libertad, el 11 de septiembre de 2021, manifestó que durante la Audiencia de la CIDH con la sociedad civil y agentes del Estado, denunció que estos últimos “mintieron” al decir que daban información de los desaparecidos a sus familiares.
“Ellos se referían al Estado de Excepción, pero yo como madre de Joshua les puedo decir que es una falsa declaración, una mentira de parte de ellos; y que nos pongan como mentirosas cuando tenemos tanto tiempo de vivir suplicando a la Fiscalía, PNC y PDDH por información y nunca han dado una respuesta”, expresó Chafoya.
En un escenario de gestión gubernamental militarizada por el régimen de excepción y la heredad de desapariciones forzadas por grupos pandilleriles, muchas familias salvadoreñas viven el drama de no saber de sus hijos o hijas desaparecidos, y sin acciones claras y concretas de investigar sus paraderos.
El Grupo de Trabajo por la Personas Desaparecidas en El Salvador, que estuvo presente en la Audiencia ante la CIDH, señaló que las “desapariciones” persisten en la actualidad. Y se han registrado, inclusive, desapariciones de corta duración atribuidas a “agentes del Estado”, que según estimaciones registradas entre 2019-2022, son 6 mil 443 denuncias, de las cuales 2 mil 397 equivalen al 37.20% de casos activos.
Dalia Zepeda, de ASDEHU, dijo que entre el año 2021 y 2022 los avisos por desaparición se incrementaron un 18.9% más que el 2020. Y que el incremento fue mayor entre las mujeres (26.2%) que entre hombres (15.1%), y durante el régimen de excepción las organizaciones han recibido 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración.
“El Estado de Excepción ha generado detenciones arbitrarias, casos de tortura, malos tratos y desapariciones de corta duración. Un consolidado de siete organizaciones reportó 5 mil 775 denuncias por casos de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos, también, se ha verificado la muerte de 193 personas bajo custodia estatal, de los cuales cuatro personas fueron ubicadas en fosas comunes”, señaló Zepeda.
Juan Carlos Sánchez, Oficial de Programa de la DPLF, calificó de “puntos de preocupación” que surgieron durante la Audiencia de la CIDH, como la “narrativa del Estado de invisibilizar la desaparición de personas en El Salvador.
“En algunos momentos de la audiencia observamos al Comisionado Presidencial de DDHH y el Procurador General de la República, negar la existencia de la desaparición de personas y la desaparición forzada en particular”, dijo.
“Han señalado que la desaparición fue cuando la pandilla estaba en auge y manifestaron que la ineficacia de la política pública fue la causante de la desaparición de personas, pero no asume ninguna responsabilidad de investigar pese a tener obligaciones nacionales e internacionales de hacerlo y reiteran que la desaparición forzada no existe en el país”, manifestó Sánchez.
Estas declaraciones, agregó Sánchez, han impactado a las familias porque la realidad que viven es totalmente distinta a lo expresado en la audiencia, aunque reconoció lo expresado por la CIDH, que le recordó a los agentes del Estado que la “desaparición forzada” existe cuando el Estado participa o cuando el Estado no procede con la debida diligencia para investigarlas, y estos casos han sido documentados por las familias y organizaciones sociales.
“En resumen, una primera preocupación es la actitud de invisibilización y negociación. Y una segunda observación del discurso oficial es la manipulación de los datos y cifras y no solo en este campo, es muchos temas de la vida nacional es la política de ocultarla o manejar con opacidad los datos o no hay información”, argumentó.
“Otra preocupación es que el delegado oficial afirmó que la desaparición forzada no existe porque para ellos, lo que se ha presentado no son cifras oficiales, cuando estas organizaciones y los familiares han buscado incansablemente estos datos oficiales que han sido sistemáticamente negados u ocultados por lo que es difícil saber de lo hondo que está calando este fenómeno”, reiteró Sánchez.
Sobre los otros pormenores de la Audiencia del Estado salvadoreño ante la CIDH, Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD resaltó como “aspectos relevantes” algunos puntos de coincidencia entre las organizaciones y la postura del Estado salvadoreño.
“El Estado de El Salvador expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas desaparecidas, y es un punto en el que hemos trabajado por años de acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Y otro punto de coincidencia entre el Estado y la sociedad civil es su reconocimiento al trabajo que realizamos con la población, lo vemos como positivos”, resumió.
No obstante, reiteró la necesidad de trabajar con las víctimas de personas desaparecidas y sus familias, el fortalecimiento del recurso humano de la Fiscalía General de la República para buscar respuestas.
“Hemos colgado en las páginas de las organizaciones 43 casos con referencias fiscales, donde pueden ser consultadas por el Comisionado de Derechos Humanos de la presidencia, la PDDH, PGR, y todos los funcionarios que quieran consultarlo, y todos tienen referencia fiscal”, acotó.
“Como punto de coincidencia de apertura y diálogo que ofrece el Estado, también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado su disposición de atender a la CIDH, y nosotros también estamos en esa posición, y tomamos la palabra, y creemos importante la creación de una mesa de diálogo para abordar la problemática, que ha sido una propuesta desde hace un año y no obtuvimos respuesta de la Fiscalía”, observó Carrillo.
El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador exhortó al Estado de El Salvador a reconocer públicamente la existencia de las desapariciones como un problema que conlleva responsabilidad estatal y, a evitar la estigmatización de las familias y comunidades que buscan a sus seres queridos.
Llama también a no seguir prorrogando el Estado de Excepción, que ha derivado en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muerte bajo custodia estatal. Así como, actualizar el acceso público al registro de personas privadas de libertad y proporcionar información a familiares sobre su paradero, estado de salud y situación jurídica. El grupo de Trabajo reiteró la necesidad de elaborar una Política Nacional de Desapariciones, que incluya la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y una Ley General de Búsqueda, garantizando el enfoque de género en la atención a las desapariciones de mujeres y alas familias o personas que buscan.
