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Loyda Robles, coordinadora del programa de Transparencia y Anticorrupción, FESPAD. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

“Esperamos una respuesta coherente de la Asamblea Legislativa”: Loyda Robles

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Loyda Robles, coordinadora del programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), integra junto a otras organizaciones de la sociedad civil, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos de El Salvador, que esta semana presentó su anteproyecto de ley, ante el primer órgano de Estado.

“Hacía falta un marco normativo que nos permitiera un margen de acción, de protección en la labor de los defensores y defensoras”, comentó a Diario Co Latino Loyda Robles en entrevista exclusiva.

¿Cómo nació la iniciativa?

-Esta fue una iniciativa que venimos impulsando organizaciones de la sociedad civil desde hace dos años o más, y que personas a título personal han venido defendiendo los derechos humanos. Entonces, vimos la necesidad de contar con un marco normativo de protección a personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Estábamos evidenciando casos donde se estaban lesionando a personas defensoras de derechos o que perdían su vida y provenían de diversos sectores en la defensa de estas prerrogativas.

Además, observamos que algunas investigaciones iniciales que se hacían desde la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil estaban determinando “a priori”, diciendo que los asesinatos eran por vínculos con pandillas, que tenían familiares pandilleros o era un asesinato común. Cuando las organizaciones que defendemos los derechos humanos sabemos que estas personas estaban realizando una labor fuerte en la defensa de algunas poblaciones.

¿Cuáles eran las poblaciones en donde detectaron esta situación?

-Esto no es reciente, tiene muchos años y se evidenció mucho en compañeros y compañeras que fueron agredidos, amenazados y algunos de ellos asesinados, como los y las defensoras de la población LGBTI. Y de ese grupo, las mujeres trans, que por tener una expresión de género femenino son agredidas y son asesinadas muchas de ellas, activistas defensoras de derechos humanos, pero en los medios de comunicación aparece como un asesinato común porque se dedicaban al trabajo sexual.

Ante todo esto, hubo una motivación de las organizaciones de la sociedad civil para integrar inicialmente una “Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, y que tiene como reivindicación el derecho a defender los derechos humanos de forma integral.

De ese análisis que hacíamos en esa red, notamos que faltaba un marco normativo que nos permitiera un margen de acción, de protección a la labor de las personas defensoras y luego surge la Mesa para Defender Derechos, que surge con el único objetivo de contar con una ley.

La coordinadora del programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD Loyda Robles explica el objetivo del anteproyecto de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

¿Cuáles fueron las primeras medidas?

-Iniciamos reuniéndonos y comenzando a trabajar una propuesta, para redactar el anteproyecto de ley. Retomamos elementos de otras leyes de otros países que van más avanzados en este tema.

Consultamos la ley modelo de personas defensoras de derechos humanos, a grandes rasgos, y que nos indica lo que debe contener un cuerpo normativo mínimamente y lo contextualizamos a nuestra realidad de país.

Y es así que analizamos la legislación de México, Colombia y Guatemala, luego un análisis de derecho comparado. Socializamos todos estos elementos que en ese momento teníamos, y pasamos después a una consulta del contenido desde la visión de defensores y defensoras locales de la red, para que nos dieran su opinión tomando elementos de su experiencia en el ejercicio de su trabajo en cada sector social. Y ese documento lo mandamos a instancias internacionales de protección internacional como la CEJIL, una organización que tiene larga data en abordar estos temas y otros expertos nacionales.

¿Cuál sería para ti uno de los plus de este anteproyecto de ley?

-Resaltar que este esfuerzo colectivo, y lo he dicho desde el inicio, es un valor agregado que tiene la ley de Mesa por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en El Salvador. Al inicio éramos seis organizaciones y ahora somos 15, y las que se han unido recientemente es la Colectiva de Mujeres Periodistas y Comunicadoras, que ya se integraron, o sea, esto tiene dinámicas muy importantes para el fortalecimiento de este esfuerzo.

¿Qué esperan de la Asamblea Legislativa?

-Esperamos que los diputados y diputadas sean congruentes con esta iniciativa de ley, que no solo sea un acto que les permita a ciertas fracciones políticas visibilizarse ante la opinión con un mensaje que hay apoyo. Queremos que este anteproyecto de ley no lo olviden y lo apoyen. Deben ser responsables con la firma que han consignado a este documento y ser coherentes con su compromiso con el pueblo salvadoreño.

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