Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Más de 2,600 casos de delitos sexuales contra personas entre los cero y 17 años de edad fueron registradas de enero a septiembre de 2019 por la Policía Nacional Civil. Pese a que la Constitución de la República garantiza la protección de la niñez y adolescencia, “la mayoría de los casos quedan impunes”.
“El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho a la educación y a la asistencia”, reza parte del artículo 35 de la Constitución, sin embargo, según Plan Internacional, en 2017 solo el 11 % de los casos presentados para demanda judicial terminaron en un juicio final.
Según el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes desarrollado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2017 se iniciaron 4,621 casos por delitos contra la libertad sexual, de los cuales fueron judicializados 1,552,997 resueltos y 488 tienen sentencia condenatoria.
“El tema de impunidad ante agresiones sexuales contra las niñas y mujeres adolescentes, es un tema que como país debemos analizar (…) cuáles son los procedimientos que estamos llevando para cumplir todo el marco legal que se tiene”, expuso la directora de país de Plan Internacional, Carmen Elena Alemán.
De acuerdo con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se requiere una intervención oportuna y de respuesta del sistema de justicia de reparación para las victimas.
En las últimas semanas, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia se han pronunciado ante la resolución de la Cámara de lo Penal, sobre el cambio de calificación jurídica, en el caso del magistrado Jaime Escalante, en prejuicio de una niña de 10 años. La Cámara resolvió que los tocamientos corresponden a “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público”, y que solo está castigado con una sanción de diez a treinta días multa.
“Estas resoluciones, lejos de abordar a la problemática, la naturalizan, reproducen, perpetúan y mandan un mensaje erróneo a la población: el cuerpo de las mujeres independientemente de su edad es violable (…) debe asegurarse la adecuada tipificación jurídica que garantice la tutela efectiva de los derechos fundamentales reconocidos y elevados a la categoría de bienes jurídicos”, expresó ISDEMU en un comunicado.
Cabe destacar que entorno al caso, la titular de la Procuraduría General de la República, Mirian Aldana expuso que debe respetar el principio de Independencia Judicial, el funcionamiento de la institucionalidad del Estado y que “hay que esperar a ver qué ocurre”.
