Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
La transición hacia fuentes de generación menos dependientes de los combustibles fósiles constituye una necesidad para El Salvador. Diversificar la matriz energética, aprovechar recursos y modernizar la infraestructura eléctrica son objetivos que difícilmente deberían generar oposición. El problema comienza cuando se confunde la bondad de una tecnología con la manera en que un proyecto se ejecuta.
El carácter no convencional de una fuente de generación no vuelve inocuo cualquier proyecto. Toda infraestructura energética requiere territorio, accesos, obras asociadas y conexión al sistema eléctrico, y su impacto dependerá de la tecnología, la dimensión y el lugar donde se desarrolle. Puede implicar intervención sobre vegetación, drenajes naturales, recursos hídricos o comunidades. Por eso existen evaluaciones ambientales. Una tecnología de bajas emisiones no da un cheque en blanco ni exime al promotor del rigor técnico; exige escrutinio regulatorio y ambiental.
El debate alrededor del proyecto fotovoltaico Santa Adelaida, en Izalco, debería analizarse desde esa perspectiva. Organizaciones comunitarias e indígenas vinculadas a MILPA han solicitado la intervención de las autoridades ante posibles impactos ambientales y planteado interrogantes sobre permisos, fuentes de agua, vegetación y relación con las comunidades. Esas denuncias no constituyen prueba de irregularidades, pero tampoco deberían desestimarse porque se trata de generación solar.
Lo razonable es responder con datos y transparencia. El Ministerio de Medio Ambiente puede establecer públicamente la situación del expediente ambiental, los estudios requeridos, las observaciones y las condiciones para desarrollar el proyecto. Las instituciones del sector eléctrico pueden explicar su situación regulatoria e interconexión. Las autoridades municipales deberían transparentar los permisos. La información pública permite que ciudadanos y especialistas conozcan las bases técnicas de las decisiones institucionales.
Si todo está en regla, la transparencia será una de las mejores defensas del proyecto. Si existen aspectos pendientes, la fiscalización permitirá identificarlos antes de avanzar.
La transparencia también debería alcanzar la estructura empresarial. En proyectos resulta importante conocer la trazabilidad empresarial y de los capitales: quién desarrolla, quién financia, quién posee los activos y quién responde por las obligaciones ambientales, técnicas y sociales.
En torno a Volcano Energy aparecen distintas estructuras relacionadas con los componentes energético y tecnológico del proyecto, entre ellas Hashpower Energy Solutions y Hashpower Data Solutions, además de sociedades e inversionistas extranjeros. Nada de ello constituye una irregularidad: este tipo de estructuras es habitual en proyectos internacionales. Pero mientras más compleja sea la estructura empresarial, mayor debe ser la claridad sobre quién responde por el proyecto.
La trazabilidad empresarial forma parte de la gobernanza. La empresa tiene responsabilidades frente al territorio. La responsabilidad social no es filantropía ni una herramienta para reaccionar cuando surge un conflicto. Comienza antes de que llegue la maquinaria. Implica informar, escuchar preocupaciones, explicar impactos y medidas de mitigación, y construir confianza mientras las decisiones pueden modificarse.
Informar no es lo mismo que consultar. Una participación efectiva requiere espacios reales para que las comunidades expresen sus preocupaciones antes de que las decisiones sean irreversibles. No puede construirse confianza cuando una comunidad siente que únicamente se le comunica algo ya decidido.
En un país de territorio reducido, la generación fotovoltaica exige ponderar potencia instalada, energía producida y superficie ocupada. Que el recurso solar sea renovable no elimina la necesidad de valorar el costo ambiental y territorial de cada ubicación. Aprovechar una fuente natural tampoco significa que la tierra destinada a producir electricidad carezca de valor o de otros usos.
Tampoco sería razonable convertir cada inversión en una batalla entre empresas y comunidades. El desarrollo económico necesita inversión privada, seguridad jurídica y procedimientos ágiles. Pero la seguridad jurídica es una vía de doble sentido: protege al inversionista frente a la arbitrariedad estatal y también al ciudadano, al territorio y a los recursos naturales.
Por eso, el caso Santa Adelaida trasciende la polémica local. Puede servir para establecer cómo deberían desarrollarse las nuevas inversiones energéticas en El Salvador: con expedientes transparentes, instituciones técnicamente independientes, estudios ambientales accesibles, trazabilidad empresarial, comunidades informadas y escuchadas, y responsabilidades claramente identificadas.
El debate de fondo trasciende la forma de producir electricidad y abarca el modelo de desarrollo que el país puede sostener. La incorporación de nuevas fuentes de generación es parte esencial de la transición energética de El Salvador, pero la legitimidad de ese proceso no se mide únicamente en megavatios instalados. También depende de cómo se toman las decisiones, se protegen los recursos naturales y participan las comunidades donde esos proyectos serán construidos.
Una transición energética sostenible exige, además de tecnologías de bajas emisiones, gobernanza transparente y responsabilidad social.
