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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Decenas de empleados pertenecientes a las secretarías suprimidas por el Presidente de la República, Nayib Bukele, acudieron a la Asamblea Legislativa, para solicitar la no aprobación del decreto que propone recortes al presupuesto del Ejecutivo, resultantes de sus despidos.
Los trabajadores afirman que la decisión del Ejecutivo es ilegal, ya que pasa por alto las disposiciones contenidas en la Ley del Servicio Civil, en torno a quienes laboran bajo Ley de Salarios, también se muestran en desacuerdo con una recontratación ya que elimina derechos conquistados.
“Hay una ilegalidad en lo presentado por la presidencia, se nos está violando un derecho contenido en la Constitución de la República, además del debido proceso para suprimir las plazas; deben hacer procesos de evaluación que hasta hoy no se han seguido en Casa Presidencial”, dijo Héctor Rodríguez, representante de trabajadores despedidos.
Rodríguez, agregó que el decreto presentado por el Ejecutivo ante a la Asamblea Legislativa, no solo contempla a los empleados de las cuatro secretarías suprimidas, sino también a integrantes de otras secretarías como Comunicaciones y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
Los empleados se reunieron con diputados de diferentes fracciones, para pedirles que no aprueben el decreto presidencial por tener varios vicios de inconstitucionalidad, ya que se ha violentado el debido proceso como un derecho de los trabajadores.
La solicitud de los empleados cesados por el Ejecutivo, recibió el apoyo de diputados de varios partidos políticos quienes abogaron porque se lleve a cabo el debido proceso, además que se respeten las garantías de los trabajadores.
“Nosotros hemos planteado que para los empleados de las secretarías suprimidas debe seguirse el debido proceso, si hay razones por las cuales algunos deban ser despedidos, por no cumplir o llenar los requisitos para su trabajo o hacer algo contra la institución se desarrolle el procedimiento adecuado”, expuso Damián Alegría, diputado del FMLN.
El parlamentario, se mostró en desacuerdo de a los empleados solo se les comunique de palabra su despido y no haya un documento que los respalde en la defensa de sus derechos. Los empleados despedidos negaron las aseveraciones del Presidente de la República, respecto a que sus plazas son el resultado de afiliación o activismo político, según afirmaron muchos son especialistas certificados en el área, para la que fueron contratados en administraciones anteriores.
