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Por David Alfaro
30/03/2026
Sus palabras revelan mucho más que una justificación coyuntural: expone el marco moral desde el cual se está interpretando una de las políticas de seguridad más agresivas de la historia reciente del país.
Hablar de error en una operación de más de 95,000 capturas introduce la idea de que los daños colaterales son inevitables. Sin embargo, cuando esos “errores” se traducen, según múltiples denuncias, en muertes bajo custodia, detenciones de menores, entierros sin identificación o personas encarceladas sin debido proceso, el término resulta insuficiente, e incluso problemático. No se trata de fallas menores, sino de hechos que, por su gravedad, exigen otra categoría: responsabilidad estatal.
El lenguaje no es neutral. Nombrar como “error” lo que constituye violaciones sistemáticas de derechos humanos, tiene un efecto concreto: reduce la percepción de gravedad y desplaza la discusión desde la rendición de cuentas hacia la inevitabilidad. En ese desplazamiento, lo excepcional corre el riesgo de volverse normal.
Existe además un problema de proporcionalidad. Un error administrativo no es equiparable a la pérdida de vidas bajo custodia del Estado. Cuando una persona es detenida, el Estado asume control total sobre su integridad. Cada muerte en ese contexto no es un accidente aislado, sino un hecho que ocurre dentro de un sistema que debía garantizar protección.
A esto se suma la despersonalización. Las cifras, por su magnitud, tienden a diluir el impacto humano. Sin embargo, cada número representa una historia concreta, una familia afectada, una vida interrumpida. Reducir esos casos a una estadística gestionable contribuye a invisibilizar su dimensión real.
El debate de fondo no es únicamente sobre eficacia en materia de seguridad, sino sobre límites. ¿Hasta dónde puede llegar una política estatal en nombre del orden? ¿Qué costo humano está dispuesta a aceptar una sociedad? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos existen para garantizar que ese costo no se normalice ni quede impune?
Cuando el lenguaje oficial comienza a suavizar hechos graves, la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente ética. Porque en ese punto ya no se trata solo de combatir el crimen, sino de definir qué tipo de Estado se está construyendo.
