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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Cuando los obligados a pasarse al sistema privado de pensiones en 1998 están llegando a la edad de jubilarse, es cuando se dan cuenta que el sistema privatizado es el “verdadero robo del siglo”; se dan cuenta que al pensionarse tendrán el 30 % o menos del salario que devengan y a partir de esa dramática realidad se convencen que es mejor un sistema público.
Desde 1996, cuando se discutió el cambio del sistema de pensiones a un modelo privatizado el FMLN estuvo en contra; advirtió que fracasaría y que sería un golpe a todos los trabajadores; pero la mayoría de derecha en la Asamblea y el gobierno de Calderón Sol, empujaron a dar un paso que sacrifica a la clase trabajadora.
Sin sacrificar los derechos adquiridos de la población jubilada, ha llegado la hora de poner en el centro la necesidad de un cambio en el sistema previsional, que permita la universalidad, la solidaridad, la certeza de los beneficios de ser parte de un sistema en el que se beneficien quienes tienen la obligación de cotizar, y se amplíen significativamente los programas que ya benefician a adultos mayores en condición de pobreza; así como los programas que en esa misma dirección reciben veteranos de guerra.
Las propuestas que han sido presentadas a la Asamblea Legislativa, solamente señalan los efectos nocivos del sistema privado y al parecer la derecha legislativa hace eco de ellos, con la mirada puesta en que se culpabilice al Estado y se mantenga el negocio que realizan las AFP.
El verdadero origen de las pensiones que decepcionan y encolerizan a quienes en 1998 fueron obligados por su edad a pasarse a una AFP, está en la pobreza de salarios y el descuento que se hace a sus aportaciones como comisión para el manejo de su cuenta por parte de las AFP.
En 1998, el maestro que ingresaba al sistema ganaba 3,255 colones, equivalente a $372 y el que contaba con un salario más alto, era de 5,180 colones, equivalente a $592. Fue así como los aportes al sistema privatizado pasaron a ser el equivalente al 13 % de su salario, del cual, una parte la paga el empleador y la otra el trabajador.
De ese 13 % de su salario, solo el 10 % fue a su cuenta de ahorro, es decir, que el 3 % de su aporte fue todos estos años a engordar las ganancias de las AFP. Con semejante descuento, ninguna tasa de interés compensa lo que pierde desde el inicio.
El sistema público y solidario, que fue derogado para privatizar las pensiones tenía un beneficio definido a la hora de que un trabajador se retire y era una porción de su salario promedio de los últimos años laborados que tenía como piso 55 % y como techo el 65 %.
En cambio hoy si un maestro o maestra tiene un salario de mil dólares, su pensión puede ser estimada en menos de 300 dólares. En la práctica suman todos sus aportes registrados más los intereses devengados, más el valor del certificado de traspaso que se sobrevalora, y eso lo dividen en una expectativa de vida de 20 años más la pensión de navidad.
El cuento de “tu dinero es tu dinero” y nadie te lo debe tocar para despertar interés en el modelo privatizado y sumarse a descalificar un sistema solidario, se ha convertido en una pesadilla, pues la dimensión del ahorro que es lo principal en el sistema privado, está íntimamente vinculado a la magnitud del salario y los salarios de los trabajadores privados y públicos no han sido altos.
Es hora de discutir en serio un cambio, especialmente para los trabajadores jóvenes y en medidas compensatorias para los segmentos más sacrificados, que generalmente son las mujeres. Las trabajadoras y los trabajadores son los infaltables en el debate para propiciar un cambio; en vez de simplemente poner parches a un modelo que está hecho para que las AFP obtengan ganancia no solo de las comisiones, sino del manejo del dinero que pertenece a los trabajadores.
En otros países como Chile la clase trabajadora reclama sin disimulo: NO MAS AFP porque han comprendido que la baja calidad de las pensiones está originada por la esencia privada del modelo.
El FMLN desde el inicio se opuso a este modelo, y sin duda sus diputados y diputadas acompañarán sin reservas un cambio del mismo por un sistema público, solidario, contributivo y de beneficios definidos, de la misma manera que ha respaldado los programas de protección social que benefician a nuestros adultos mayores en comunidades pobres y segmentos de población como los lisiados de guerra y los veteranos de guerra.
