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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,
Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa (AL) de El Salvador aprobó una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial, la cual constituye según (Estrada, 2025) el último paso en un proceso de varios años para desmantelar el Estado de derecho en El Salvador. Además, con el agravante que la comunicad internacional dice muy poco cobre esta circunstancia y hechos que vulneran la democracia. Además, con las encuestas que dan altos índices de aprobación de la gestión de Bukele pareciera que todo marcha bien. Sin embargo, hay algunas voces internacionales y nacionales que se atreven a desmentir ya desenmascarar la perversidad del actual gobierno.
Por ejemplo, la Unión Europea (UE), ha expresado de manera clara su preocupación por el deterioro de la situación de derechos humanos en El Salvador. En cambio, el gobierno de Donald Trump ha sido un aliado abierto de Bukele y se ha mostrado dispuesto a respaldar a su gobierno en el debilitamiento de normas democráticas. La administración Trump deportó a más de 250 venezolanos y 20 salvadoreños a una cárcel de El Salvador, a pesar de la evidencia creíble de tortura y otros abusos en sus prisiones. Como se puede notar, la geopolítica del capitalismo y la globalización juegan su papel en esa forma de gobernar que, aunque contraria a los intereses del pueblo, se presenta como buena a partir de la narrativa del presidente en donde no menos del 80% es mentira y solo un 20% o menos es verdad.
Sin embargo, hay voces esperanzadoras a nivel nacional que se oponen a la reelección indefinida de la presidencia de la Republica, la extensión del periodo de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta o balotaje en las elecciones (Cambio del sistema de mayoría calificada por mayoría simple). Desde luego, ante tal situación, la diputada Marcela Villatoro, del Partido ARENA, dejó ver su rechazo a la reforma cuando durante la sesión parlamentaria levantó un letrero que decía “este día murió la democracia”, y expresó a la prensa que la ley fue aprobada “sin consulta, de forma burda y cínica”. Además, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS rechazo la medida diciendo “Las reformas solo buscan perpetuar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre”.
Dicha reforma también dispone que el actual período presidencial de Nayib Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027, lo cual implica que en 2027 habrá elecciones generales o concurrentes.
Es importante recordar aquel 9 de febrero de 2020, Bukele ingresó en la AL acompañado de soldados armados y exigió la aprobación de un préstamo para financiar su plan de seguridad. Tras una puesta en escena en la que rezó en el pleno, afirmó que Dios le había pedido paciencia y dio a los legisladores una semana para aprobar los fondos. Desde luego, en ese momento tenía una oposición fuerte que le hacía contrapeso a decisiones que no estaban enfocadas a los intereses del pueblo. En este orden, Bukele con minoría legislativa desafió el poder de otros poderes del Estado y desobedeció fallos de la Sala de lo Constitucional (SC) relacionados con la pandemia de COVID-19. esto era el germen del autoritarismo y la dictadura Bukeliana.
Siempre de acuerdo con (Estrada, 2025) en 2021, cuando el partido de Bukele obtuvo una mayoría de dos tercios en la AL, los diputados oficialistas destituyeron y reemplazaron a los cinco magistrados de la SC y al fiscal general de la Republica, que estaba investigando a funcionarios del gobierno de Bukele por corrupción y negociaciones con pandillas. Posteriormente, aprobaron leyes que permitieron la destitución de jueces y fiscales de menor rango. Además, en la misma lógica del plan Bukele por destruir la democracia y dejar solo lo que le conviene (Elecciones amañadas) en el año 2021 la nueva SC decidió que Bukele podía presentarse a la reelección para un mandato adicional en 2024, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata. En marzo de 2022, tras una ola de asesinatos cometidos por pandillas, la AL aprobó un régimen de excepción que abrió las puertas a detenciones masivas en el marco de la “guerra contra las pandillas” del gobierno. Dicho régimen se mantiene hoy en día no con propósitos de seguridad, sino de carácter político y electoral.
Otro aspecto fundamental en la línea de desmontar la democracia en El Salvador por Bukele ha sido el desmantelamiento de los controles al poder de su gobierno y también le ha permitido perseguir a sus críticos. En mayo del 2025, las autoridades detuvieron a Ruth López, abogada de derechos humanos de la reconocida organización de derechos humanos Cristosal, y a Enrique Anaya, abogado constitucionalista y crítico del gobierno. Ambos casos se encuentran bajo reserva. La represión continua y el plan anti democracia avanza aun mas con otras medidas como la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros que otorga al gobierno amplios poderes para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes que reciben financiamiento internacional. Más de 100 periodistas, abogados y activistas han abandonado el país.
Las reformas a la Cn para adecuar el camino a la dictadura siguen sin parar, en este orden La AL aprobó ratificar la reforma a la Cn de la República que elimina los frenos creados para modificar la Carta Magna, y da vía libre para que una misma legislatura pueda reformar inmediatamente la Constitución, sin necesidad de esperar la ratificación en un segundo periodo. (Portillo, 2025). En seguida se ha aprobado reformas orientadas a eliminar la prohibición de la reelección presidencial.
