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Yaneth Estrada
@caricheop
Con el objetivo de visibilizar experiencias nacionales e internacionales que permitan generar alternativas en el abordaje integral de los casos, la Fundación para el Debido Proceso, Wayamo Fundación, Instituto Of Global Affairs (LSE) y Cristosal organizaron dos jornadas de disertación y construcción de propuestas en materia de promoción de justicia en causas de violaciones a Derechos Humanos.
En este participaron Doris luz Rivas, magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; Sydney Blanco juez Quinto de Instrucción; Leonor Arteaga oficial senior DPLF y comisionada de CONABUSQUEDA; Manuel Escalante del IDHUCA, y David Morales abogado del Caso El Mozote y Cristosal. Así como Philipp Ambach jefe de reparación y participación de víctimas de Corte Penal Internacional; Mark Kersten director adjunto de Fundation Wayamo; Geoff Dancy profesor adjunto del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tulare, y Clair Duffy oficial legal de Open Society Justice Iniciative entre otros.
“Este es un evento que me parece es de los primeros públicos que se deben de llevar al debate con todos los actores de la sociedad, también con los directamente involucrados, en respecto del futuro o los desafíos que se vienen presentando a partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el año 2016, cuando declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada en 1993; luego viene todo un replanteamiento sobre la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para los casos de las masacres que se dieron durante el conflicto armado. Entonces me parece que tenemos que dar pasos de manera positiva el ir construyendo”, dijo Doris Luz Rivas magistrada, presidente de la Sala de lo Penal.
David Morales abogado en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños comentó, que “desde la perspectiva de quienes trabajamos los derechos humanos en El Salvador, este es un tema central; estamos hablando de un momento histórico en el que El Salvador puede construir un modelo de justicia transicional y es importante conocer las experiencias de otros países”.
“Como hemos denunciado reiteradamente, en El Salvador existen tentativas políticas de restaurar una amnistía, dos tentativas, y desde la Asamblea Legislativa actual se ha tratado de generar un fraude a la sentencia general de la Ley de Amnistía. Por otro lado, tenemos tribunales que están reabriendo casos, uno de los más emblemáticos el caso de la masacre de El Mozote; está la disposición de la fiscalía general de República (FGR), que ha creado una oficina especial y una política de persecución penal para este tipo de crímenes. También ha sido declarado ya este caso como crimen de lesa humanidad en El Salvador, y esto obliga a impartir justicia. Es acá donde el poder Ejecutivo, sobre todo, entre otras instituciones tiene el deber de avanzar, si consideramos que El Salvador ha sido uno de los estados más férreos del continente en mantener la impunidad y ahora tiene la posibilidad de hacer justicia, de ponerle las víctimas en primer plano, en una democracia sana y real que permitan a El Salvador permitir pautas para generar políticas, leyes y programas de trabajo con víctimas de la violencia del pasado y del presente”, enfatizó Morales, exprocurador para los Derechos Humanos.
Comparten experiencias
Nahomi Rhot docente de derechos humanos en la Universidad de California aseguró, “esta es una actividad académica, de compartir con los compañeros algunas ideas de cómo se pueden combinar mecanismos nacionales e internacionales, de cómo se puede llevar justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
Porque desde hace varios años han habido intentos y experiencias de tribunales híbridos, de mecanismos de investigación, del uso de investigadores, investigación y de persecución penal que han dado resultados muy interesantes y la idea es compartir con nuestros colegas algunas de estas experiencias, para que a lo mejor puedan ser de utilidad en algunos de los debates actuales”.
La experta añadió, que en este espacio no se trata de venir a opinar sobre la justicia en El Salvador, porque “esa es tarea de los salvadoreños; pero sí creemos que alguien con experiencia comparada puede ayudar a fortalecer, ya sea en el campo de la investigación penal, en el campo de las reparaciones, de tratar de darles su papel y cumplir los deberes del Estado para con sus víctimas, comparando las experiencias de otros países. No se trata de aplicar algo de forma exacta, se trata de conocer la realidad de cada país y adecuarla para tener mejores resultados”.
También Jo-Mary Burt, profesora de Ciencias Políticas y Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Georgia quien actualmente trabaja en monitoreo del proceso de justicia transicional en Guatemala, enfatizó que desde 2008 este país centroamericano realiza varios procesos parecidos para ejecutores de graves violaciones a los derechos humanos, con sanciones reales pero se tienen grandes retrocesos. Entre estos mencionó cómo en el año 2013, cuando se sancionó al exdictador Efraín Ríos Montt, a quién se le dieron más de ochenta años de prisión por más de cincuenta asesinatos, diez días después la Corte derogó dicho fallo.
Sin embargo, en un segundo juicio se comprobó que sí hubo genocidio por parte del Ejército de Guatemala en dos ocasiones. Además, se condenó a 21 años de prisión al exjefe de la Fuerza Armada Benito Lucas García, y otros altos funcionarios por violación y tortura hacia una mujer y desaparición de su hermano.
Otro punto importante de este simposio es que busca evaluar innovaciones en materia de justicia y combate a la impunidad sistemática, rendición de cuentas y justicia particular en Centro y Sur América, y en particular en El Salvador.
