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Por Leonel Herrera*
El Faro ha publicado declaraciones post mortem del empresario del transporte Catalino Miranda, quien asegura haber pagado 35,000 dólares a un narcotraficante para salir del penal de Mariona y pasar unos días en un hospital privado.
Miranda concedió una entrevista al referido medio digital el 16 de mayo de 2023, en una sala del Hospital Bautista, y dijo al periodista: “si me matan, publicá todo”. El 29 de septiembre el empresario murió, un mes después de salir de la cárcel. El Faro publicó sus declaraciones la semana pasada.
El transportista entró sano a la cárcel, y así estaba todavía cuando habló con El Faro. Sin embargo, en prisión adquirió un cáncer y otras enfermedades que lo llevaron a la muerte. Pudo ir a morir a su casa después de que su familia suplicara públicamente que se le permitiera salir.
En la entrevista, Miranda habló sobre las vejaciones que se sufren en las cárceles del régimen de excepción y confesó haber entregado varios sobornos, entre éstos el pago de los 35,000 a un traficante de drogas que actuó como intermediario de las autoridades penitenciarias.
El empresario señaló al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública Osiris Luna y a su madre de estar detrás del lucrativo negocio de cobrar por beneficios a prisioneros con poder económico, desde visitas de familiares hasta salidas de reos a realizarse tratamientos médicos en el extranjero.
Las declaraciones de Catalino Miranda coinciden con testimonios de otros familiares de presos que han denunciado cobros en centros penales y confirman algo terriblemente obsceno: el régimen de excepción como negocio de criminales.
Es decir, el régimen de excepción (con el que el gobierno asegura haber terminado con las pandillas) no sólo es una medida a estas alturas innecesaria e ilegal, sino que es también un negocio. El régimen no sólo violenta el debido proceso y los derechos humanos, sino que es una fuente de corrupción de funcionarios inescrupulosos y sus socios del crímen organizado.
El régimen (dispositivo principal del “modelo bukele”) no sólo menoscaba la democracia y sirve para mantener con miedo a la población, sino que es una fuente de enriquecimiento ilícito de mercaderes del sufrimiento y la desgracias de miles de detenidos arbitrariamente.
Por eso el régimen es ratificado cada mes, desde hace cuatro años; ya no es por la seguridad. Los hechos confirman que el régimen no es para combatir a las maras, sino para mantener el clima de miedo, suspender el debido proceso, detener arbitrariamente a cualquier persona, no rendir cuentas, reforzar el autoritarismo y hacer negocios.
Las declaraciones de Catalino Miranda confirman que el régimen de excepción es escenario propicio para el chantaje, la extorsión y el robo. Estos delitos, a juzgar por el silencio gubernamental y la inacción de la Fiscalía frente a la denuncia, parecen cometerse con el aval o la complicidad de quienes dan órdenes a los personeros del sistema penitenciario.
Ojalá más temprano que tarde la población pierda el miedo, se informe, se indigne de tanto abuso e injusticia y se levante para dar por terminado el régimen de excepción y el sistema autoritario que lo sostiene.
El país urge encontrar nuevos rumbos democráticos más allá de la democracia formal que resultó insuficiente y de la “democracia autoritaria” que representa un grave retroceso nacional. Se necesita una verdadera democracia participativa donde la población pueda incidir directamente en las decisiones que afectan la vida personal, familiar y social.
*Periodista y activista ambiental.
