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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como Mesa por el Derecho a Defender Derechos, seguiremos trabajando en la incidencia política a nivel nacional, regional e internacional para interponer denuncias y buscar diálogos sobre estas situaciones de vulneración de derechos a las personas defensoras y población”, dijo Gabriela Colocho, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Con la celebración y cierre del Encuentro Nacional “Reivindicando el Derecho a Defender Derechos”, las organizaciones que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y la UNES evaluaron las experiencias de diversos líderes y lideresas del territorio nacional, quienes señalaron en común la preocupación por el abuso de las autoridades gubernamentales a su labor en la búsqueda atención a sus comunidades.
En cuanto al trabajo que realiza la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, recientemente envió un informe a la Relatoría Especial de Personas Defensoras del Sistema de Naciones Unidas (ONU), con pruebas y testimonios sobre las agresiones a personas defensoras y periodistas. “Nuestra exigencia es al Estado salvadoreño, para que garantice, respete y proteja la labor de las personas defensoras -independientemente- que no exista un marco normativo, pero existen estándares internacionales de protección a derechos humanos que obligan a los Estados y a este Estado a protegernos y garantizar hacer nuestro trabajo de manera libre, sin estigmatización, persecución o campañas de descrédito a las que nos exponen”, sostuvo Colocho.
Una de las principales dificultades identificadas por los liderazgos es la persistencia de una “política criminalización” a las personas defensoras, agregó Colocho, que se traduce en acciones y discursos desde el Estado, con las que ha minado y erosionado el trabajo de las personas defensoras y organizaciones que defienden diferentes ámbitos de derechos de la población.
“Las defensoras y defensores del territorio están expuestos de alguna manera a este tipo de políticas como el Régimen de Excepción que estableció una medida de denuncias anónimas y conocemos de casos de personas defensoras que fueron detenidas bajo esta modalidad y por el papel que realizan de exigencia o protesta que realizan en sus territorios, acotó. “El Estado de Excepción no es una medida que puede resolver los problemas de país, ese país ha pasado por una serie de conflictos y el más grave fue el conflicto armado y no queremos retroceder sino avanzar, no queremos confrontación con el Estado como organizaciones y personas defensoras de derechos, lo que queremos construir espacios ciudadanos, participación, proponer soluciones en un ambiente de diálogo”, reiteró Colocho.
Otra preocupación de las organizaciones y personas defensoras, señaló Nahomi Dueñas, representante de la UNES, es la falta de independencia de los poderes del Estado, que provoca un retroceso en las garantías judiciales y en las instituciones democráticas, que eleva el riesgo de la integridad de vida de personas inocentes en las comunidades y población en general.
“Esta situación deja de lado la investigación que se podría estar haciendo de otros delitos como la desaparición de personas o los desplazamientos forzados también, estamos como personas defensoras comprometidas con la mejora de estas garantías de una vida mejor para todos y todas”, dijo.
“Sabemos que la labor de defender derechos nunca ha sido fácil, pero tenemos que denunciar esas dificultades que se están dando a nuestros derechos y que sufren las comunidades y la población desde las diferentes luchas como la seguridad ciudadana, la crisis ambiental, el desempleo, la pérdida de espacios cívicos de interacción con las instancias del Estado”, subrayó Dueñas.
Asimismo, Dueñas señaló la falta de participación que existe por ahora en la “construcción de políticas públicas”, que solo generan exclusión y marginalidad de la sociedad civil y específicamente en el trabajo de las personas que defienden derechos ambientales que son al final “derechos humanos”, por estar vinculados a la salud y la vida.
Mientras, Orfa Arévalo, de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), que aglutina a 26 organizaciones comunitarias, juntas de agua, comunidades indígenas ambientalistas y una radio indígena, reiteró que las personas defensoras tienen un papel fundamental para construir la participación y democracia.
“Las personas defensoras están siendo vulneradas constantemente y en un marco de un Estado de Excepción, aumenta el riesgo de vida de la persona defensora y de su familia. El caso del tata Silverio, líder indígena, que está sufriendo el atropello por el encarcelamiento injustificado de su hijo y dos sobrinos que son agricultores”, indicó.
“Es un sistema represor en donde no se tiene información de las autoridades locales que deben atender e investigar estos casos de forma adecuada, para realizar una captura nos están volviendo vulnerables porque en Sonsonate, la lucha por la defensa del río Sensunapan, la tala de árboles en el sitio Tacushcalco, son luchas que están quedando en el olvido y las autoridades hacen caso omiso es una injusticia total”, sostuvo Arévalo. La Mesa por el Derecho a Defender Derechos y la UNES reiteraron en su llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele, que no se podrá seguir gobernando en la “base del miedo” al señalar que sigue limitando los derechos humanos de todas la población y las personas defensoras de derechos.
