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@BeatrizCoLatino
Después de casi cuatro meses de trabajo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia entregó esta mañana un paquete de propuestas, prostate encaminadas a la reducción de la violencia y criminalidad del país.
El Consejo, ampoule integrado por todos los sectores del país, tituló el documento que recogen los insumos de 7 mesas de trabajo, como “Plan El Salvador Seguro” que consta de cinco ejes y 124 acciones que son “prioritarias y urgentes”.
Estás medidas deben ejecutarse a “corto, mediano y largo plazo para enfrentar la violencia y la criminalidad. Garantizar el acceso a la justicia y la atención a la protección a la víctima en un marco de resultados meta y recursos que define las acciones y las canaliza la energía de todos los sectores del Consejo”, dice el estudio.
Según el documento presentado hoy al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, tiene como principal objetivo “proporcionar insumos que ayuden a enriquecer las políticas y planes nacionales de Justicia y Seguridad Ciudadana, así como recoger aportes de los diferentes sectores y facilitar el diálogo con la sociedad”.
El Consejo plasma en el documento la necesidad de “contar con un sistema de investigación criminal y sistema penal articulado, efectivo, que goce de la confianza de la ciudadanía y cortar la influencia de grupos criminales en centro de privación y garantizar el cumplimiento de la pena en estricto apego de la ley”.
El “Plan El Salvador Seguro” será ejecutado en un periodo de cinco años, y será el mismo Consejo Nacional que le de seguimiento y contraloría para evitar que se convierta en un documento más.
Incluso uno de los objetivos del Consejo es presentar informes periódicos a la ciudadanía sobre el trabajo ejecutado.
El eje principal que propone el Consejo de empujar en este esfuerzo que incluye instituciones de gobierno y otros organismos, es la prevención de la violencia.
Según las estadísticas de la PNC, en los primeros días de enero se registra un alza en los homicidios, con un promedio diario de 14 personas asesinadas.
También se reporta un alza en los atentados contra agentes de la Policía y los cuerpos de seguridad.
Para desarrollar el plan el Consejo Nacional de Seguridad calcula inversión de cerca de 2 mil 100 millones de dólares, para un plazo de cinco años.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén, aseguró esta mañana al recibir el documento que el país tiene la capacidad de salir adelante. “Es más fuerte la esperanza. El problema de la violencia en el país si tiene solución”, advirtió el mandatario.
El mandatario agregó que “este acto representa esa voluntad del pueblo salvadoreño, que está representado en todos los sectores”.
“Es posible vencer la violencia en El Salvador, ese, es el mensaje que estamos enviando”, dijo Sánchez Cerén.
“Gracias por esa actitud fraternal, como hermanos dialogamos y nos defendemos. La fraternidad no conoce diferencias, que son comunes en el ser humano, construimos una amistad fraternal”, dijo al referirse al trabajo en conjunto plasmado en el Consejo Nacional.
Asimismo, el mandatario destacó que el evento coincidiera con la conmemoración de los acuerdos de Paz y la visita del secretario general de la ONU.
“La Paz no se construye en 23 años, tenemos que seguir luchando por la paz, ese es el significado importante, es el mejor homenaje a los Acuerdos de Paz como bien decía Rosa Chávez”, reiteró.
“El problema de la inseguridad en nuestro país sí tiene solución, si trabajamos juntos, articulando esfuerzos por un interés común”, dijo en su discurso”, dijo el Jefe de Estado, a la vez que afirmó que su “gobierno lo que quiere es ser el facilitador y ejecutor de lo que decida la sociedad”.
El mandatario se comprometió a impulsar el plan que se presenta, con los compromisos de las instituciones, sobre todo en el tema de la prevención y protección de víctimas, y la persecución judicial en contra de los delincuentes. “La siguiente etapa consiste en ejecutar y dar cumplimiento a esta propuesta del Consejo”, explicó.
Asimismo, anunció que trabajarán con la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y FGR y exhortó a la Asamblea Legislativa a ratificar los préstamos pendientes que serán encaminados al tema de seguridad.
Según el Presidente Sánchez Cerén al final del año habrán atendido los 50 municipios de más alta incidencia de violencia que propone el Consejo.
En la ocasión exhortó a una masiva movilización para que la población salga a las calles para formar “un río blanco de esperanza”, y decir que si se puede en contra de la violencia.
El mandatario pidió al Consejo que fije el día para la movilización multitudinaria el próximo mes y que se fije como día de asueto nacional.
Mientras, el obispo auxiliar de San Salvador Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien fungió como asesor, dijo que llegó el día tan esperado, en el que Consejo entrega al Presidente “el fruto del más de tres meses de arduo y apasionado trabajo”.
El representante de la iglesia católica dijo que este esfuerzo es una contribución “a la construcción de un país, donde la vida sea más fuerte que la muerte, en que la familia pueda convivir, en que los niños puedan sobrevivir y jugar sin sobresaltos”.
Rosa Chávez no dudó que las propuestas serán tomadas como materia prima y eso “llena de esperanza”.
Asimismo, destacó que las propuestas fueron el fruto del trabajo de varios sectores, de muchas mentes y voluntades, y que pronto estará a la disposición de todo el pueblo para que lo conozca y los discuta con su familia y su entorno.
El obispo auxiliar exhortó a la ciudadanía para que todos puedan involucrarse en la construcción “del país que anhelamos, el país que soñamos, el país que nos merecemos”.
La presentación del documento se hace un día antes de la conmemoración de la Firma de los Acuerdos de Paz, dato que no dejó escapar el arzobispo de San Salvador. “Es posible derrotar la violencia, es posible vivir en paz”, recalcó Rosa Chávez.
Por su parte, el empresario Antonio Cabrales advirtió que el documento y el propio Consejo llama a toda la población a unirse para “derrotar la violencia”.
El empresario destacó el grado de consenso alcanzado, entre gobierno, instituciones salvadoreñas, empresas y el apoyo de la ONU. “La violencia es un problema estructural que tiene profundas raíces históricas, sociales e institucionales, que requieren de un enfoque integral”, dijo Cabrales.
Rafael Castellanos, otro de los miembros del Consejo, también invitó a la población a unirse en este esfuerzo para lograr un acuerdo nacional por la seguridad.
Robert Valen, representante del PNUD para El Salvador, al presentar el documento “El Salvador Seguro”, no dudó en resaltar la concertación alcanzada en este esfuerzo.
Agradeció el aporte de los equipos técnicos, que trabajaron incansablemente en las mesas. “Se debe de seguir perseverando en el diálogo para alcanzar los mejores efectos”, dijo Valent.
A la ceremonia de presentación del documento asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, diputados, gobierno e invitados especiales.
La principal fuente de financiamiento, según el Consejo Nacional serán el Presupuesto General de la Nación, nuevos préstamos algunos en ratificación por la Asamblea, la contribución de la empresa privada y la contribución de la cooperación internacional.
Dentro del Consejo figuran como principales organismo internacionales comprometidos con el proceso, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Unión Europea.
Intervención en 50 municipios
El Consejo propone que en los próximos meses se intervenga 50 municipios con altos índices de violencia y criminalidad.
La propuesta se desarrolla en el eje principal, que es el de Prevención de Violencia.
“La violencia e inseguridad está concentrada en territorios caracterizados por altos niveles de exclusión social, acceso restringido de los servicios públicos y débil articulación”, advierten.
Para revertir las cifras negras en estos municipios, se pretende desarrollar la estrategia de una intervención articulada, con la participación de las instituciones para “lograr el control”.
Además de promover empleo para 250 mil jóvenes, se plantea buscar mecanismo que permitan el incremento del acceso y la prestación escolar de niños, niñas y adolescentes de manera segura. La idea es abarcar a más de 350 mil niños y jóvenes.
También se propone el incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios, identificados como los más violentos con servicios de prevención de violencia, atención a las familias, atención de crisis, atención de victimas y rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas y programa de policía comunitaria, sociales, recreativas, deportivos, culturales.
También se presentará un paquete de reformas legales, en la que se destaca modificaciones a la Ley de Regulación y Control de Armas de Fuego, explosivos y similares para “prohibir la portación de armas” y aplicación de veda de armas en municipios seleccionados.
De acuerdo con los datos del año pasado de la Fiscalía General de la República (FGR), los municipios más violentos son 20: San Salvador, Soyapango, Mejicanos, San Martín, Zacatecoluca, Ilobasco, Santa Ana, Colón, Apopa, San Miguel, San Pedro Perulapán, Ciudad Delgado, Chalchuapa, Izalco, Ilopango, Jiquilisco, Usulután, Cojutepeque, Quezaltepeque y Armenia.
Sin embargo, no se especifica si en estos municipios mapeados por la Fiscalía es que se inicia a trabajar.
Control y persecución penal otro de los puntos a fortalecer
El control y la persecución penal es una de las prioridades que el gobierno central debe de apostarle según el Consejo.
Para los miembros de este organismo lanzado de forma oficial el 29 de septiembre, la FGR y la PNC tienen que implementar un mecanismo de coordinación permanente para la “toma de estrategias y elaboración de planes”.
A criterio de los miembros del Consejo, las instituciones deben de incrementar el porcentaje de casos judicializados, sobre todo, los relacionados a los homicidios, extorsiones y feminicidios.
“Los bajos niveles de eficiencia del sistema de justicia penal para enfrentar los delitos de mayor gravedad se deben a la saturación del sistema por los crecientes niveles de criminalidad”, advierten.
Para el Consejo, las instituciones tienen una “limitada articulación, capacidad de investigación y juzgamiento, así como su vulnerabilidad ante la corrupción”.
Por eso proponen que “agilizar el procesamiento de expedientes penales menos graves para descongestionar el sistema” y tratar los casos más graves, es decir, los delitos de homicidio y extorsión.
Con la persecución penal con coordinación entre PNC y FGR para la investigación criminal, priorización de casos, se incrementaría 30 % los juicios.
Para agilizar estos casos se considera necesario crear equipos especiales de apoyo temporal y en funcionamiento en algunas de las oficinas fiscales del país.
Asimismo, el Consejo le apuesta a que se cree un marco legal que prohiba que las empresas de telefonía reactiven los teléfono hurtado robados y depurar la PNC, la Fiscalía, el órgano judicial y la dirección de centros penales.
Para este combate a la delincuencia que se pretende desarrollar desde los próximos días se insiste en la modernización y equipamiento del Instituto de Medicina Legal, la PNC y Fiscalía.
Traslado de reos y reinserción
El traslado de 2, 500 reos de forma escalonada servirá para tener un mayor control de las autoridades.
El Consejo indica que “el traslado de los reos considerando la distribución de la población privada de libertad, de acuerdo a la peligrosidad y a la fase de cumplimiento de la pena”.
Estos traslados serán complementados con el trabajo inmediato de rehabilitación y reinserción en los 19 centros penales del país.
Incluso, en el diseño del plan “El Salvador Seguro”, el Consejo considero que dentro de cinco ejes nombrar uno de Rehabilitación y reinserción.
Hasta hoy, la Dirección de Centros Penales impulsa la instalación de equipo que permita el bloqueo de señales y se instaló en algunos escáner para tener más control, esta iniciativa se pretende reforzar y que estos mecanismos de seguridad estén en todas las cárceles y los centros de internamientos.
Desarrollar programas productivos en el centro penitenciario y de reinserción social en alianza con la empresa privada bajo el enfoque de encadenamiento productivo el modelo “Yo cambio”, que funciona en un 90% como modelo en el penal de Apanteos.
Otro de los temas son mejorar la infraestructura en los centros de privación de libertad y ampliar la cobertura.
Mientras que el eje cuatro del programa es la atención a Víctimas y protección a víctimas.
Diseñar un modelo integral y sistemático de atención bio-psico social para las víctimas de violencia, crear una comisión de articulación institucional para la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la capacidad y la habilitación de infraestructura en hospitales públicos para la atención a víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual.
También la habilitación de centro de acogida, albergue casa de protección para víctimas y testigos.
Asimismo, se propone que en asocio con Iglesias, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, universidades y comunidades organizadas revisar la ley de Prescripción de Maras o Pandillas, para que “aquellos miembros que quieran salir de esos grupos e insertarse socialmente puedan hacerlo”.
El último eje el fortalecimiento institucional ejemplo a seguir revisar y formular el marco legal institucional en materia de seguridad y justicia con visión de sistema integrado con perspectiva territorial establecer un número único institucional pendiente de victimización
5 ejes de prevención 5 ejes del plan país seguro
1) prevención de la violencia
2) persecución penal
3) rehabilitación y reinserción
4) atención y protección a víctimas
5) fortalecimiento institucional
