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El presupuesto 2019, las remuneraciones y la inversión

Licenciada Norma Guevara de Ramirios

El Presupuesto General de la Nación, en estudio de la Asamblea Legislativa, es de $6,733 millones 200 mil dólares. La finalidad del gasto responde al servicio que la población salvadoreña necesita para su educación, salud, seguridad, entre otros.

La dinámica presupuestaria asegura beneficios indirectos de empleo por la vía del consumo de bienes y servicios que el Estado hace mediante compras, licitaciones de obra y del mandato de adquirir un porcentaje de sus bienes a micro y pequeños empresarios.

La inversión prevista se estima en más de mil millones de dólares y las explicaciones dadas por el ministro de Hacienda a las y los diputados detallan una a una cada inversión en cada establecimiento estatal. Incluye el inicio de la maravillosa obra para la salud, el nuevo hospital Rosales, el hospital de la zona norte que será construido en Nejapa.

Proyectos de energía, de infraestructura vial, remodelaciones de instalaciones de servicio del Seguro Social, mantenimiento de carreteras y caminos, de la planta potabilizadora de agua en Tacachico, agua y saneamiento en El Mozote, ampliación de terminal en el aeropuerto; en fin, una cantidad importante de obras, procesos nuevos que al ejecutarse, por la modalidad que sea, tienen además del beneficio de cada obra la posibilidad de trabajo que las empresas contratan, con un beneficio directo de empleo.

Por eso el presupuesto además de ser un recurso legal para el funcionamiento del Estado, es también una herramienta de la actividad económica, cada sector privado tiene la certeza de poder participar como proveedor de servicios y puede prepararse para competir.

El presupuesto es además garantía de mantener los servicios esenciales que el Estado brinda de manera directa, y de la seguridad laboral para las y los servidores públicos empleados para esos fines. Se sabe que en el de 2018, las remuneraciones representan 1,900 millones de dólares, y dentro de ellos 84 millones 400 mil dólares representan un incremento comparado con los gastos de 2018.

Ese incremento en las remuneraciones incluye el pago del escalafón de salud que cubrirá un aumento del 8% a quienes ganan hasta mil dólares mensuales y una proporción menor a los rangos siguientes hasta $3,000. También asegura el pago de 50 dólares a los maestros y 30 a los empleados administrativos del Ministerio de Educación.

Los escalafones de la PNC y empleados administrativos de esa entidad, del MOP, Hacienda y otros escalafones se aseguran en ese incremento de remuneraciones para 2019.

Es costumbre de los diputados de Arena cuestionar el incremento de plazas de un año a otro, de descalificar cierto tipo de plazas llamándolas despectivamente y “activistas políticos” a quienes las desempeñan; pero en la hora de las explicaciones suelen hacerse como si no escucharan o no entendieran. En el proyecto de presupuesto 2019 vale la pena constatar que un poco más de 200 plazas están consideradas como nuevas, y además otras son reclasificadas.

El Órgano Judicial suprime 211 plazas y crea 456, la Corte de Cuentas reordena 58 y crea 30 plazas, Gobernación suprime 1 y crea 3 plazas, en el ramo de justicia serán necesarias más de mil plazas para que operen los centros temporales y nuevos centros penales, el Tribunal Supremo Electoral suprime 54 y crea 48 plazas, la Fiscalía General de la República suprime 8 y crea 89 plazas.

Que estos ejemplos de cambio sirvan para ilustrar la dinámica de plazas en el Estado, siempre asociados a necesidades, o cumplimiento de leyes. El Seguro Social pondrá en función servicios de pediatría, para beneficio de la población infantil, además pondrá en función un nuevo hospital en el oriente del país, y es lógico que en cada extensión de servicio al pueblo debe haber servidores que lo aseguren, cuidando con responsabilidad que se justifique el gasto que implica y se honre el rol de profesionales al servicio de la salud o de cualquier otro campo.

El presupuesto debe ser discutido y aprobado por la Asamblea, es injustificado que se someta a una suerte de vacaciones legislativas por capricho del presidente de la Asamblea Legislativa y su partido, el pueblo, que es el beneficiario directo del presupuesto porque recibe servicios, porque recibe subsidio, porque eventualmente trabaja para empresas proveedoras, todos debemos exigir a las y los diputados que discutan y aprueben el Presupuesto 2019.

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