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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
En las últimas semanas, en los medios de comunicación internacionales, se han sucedido las noticias sobre casos de pederastia perpetrados por sacerdotes y pastores.
Desde que en 2002 el periódico The Boston Globe hizo públicos los abusos de pederastia de sacerdotes de esa ciudad de USA, se han venido denunciando y descubriendo innumerables casos, en Europa y en Australia que inicialmente la jerarquía católica ocultaba, pero que por la perseverancia de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que las han acompañado, poco a poco se han ido convirtiendo en condenas judiciales. En América Latina desde 2015 se han sucedido denuncias y juicios. En Chile, el encubrimiento de los abusos sexuales del párroco Fernando Karadine llevo a que tres años después tuvieran que dimitir todos los obispos del país. En Argentina en diciembre de 2019, el sacerdote Eduardo Lorenzo se suicidio cuando iba a ser detenido por la policía, acusado de abusos sexuales y en los últimos días ha estallado en México la denuncia de los casos de abusos a niñas de un Colegio de Cancún por parte de sacerdotes de la organización Legionarios de Cristo, que tiene un larguísimo historial de denuncias de abuso sexual.
Que estos casos llegaran a ser judicializados se ha logrado por la perseverancia y valentía de algunas de las víctimas que en su edad adulta, se han atrevido a denunciar, pero se han tenido que enfrentar al encubrimiento de las jerarquías eclesiásticas y a la indiferencia del Estado de sus países que han preferido no enfrentarse a la iglesia y dejar sin protección jurídica efectiva a su ciudadanía.
En El Salvador son pocos los casos que se han denunciado, aunque algunos de gran relevancia como la acusación por abusos sexual continuado a una niña por Jesús Delgado, vicario general de la arquidiócesis de San Salvador.
Estos caso extremos muestran la importancia de que el Estado mantenga su autonomía e independencia frente a los poderes eclesiásticos, que persiga y aplique la justicia a todas las personas que cometan abusos sexuales y violaciones, en especial contra la niñez y adolescencia, sin encubrir ni proteger a sacerdotes y pastores.
