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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“En la masacre de El Calabozo murieron mis cinco hermanos y mi madre, además de muchos familiares. Entonces es preocupante lo que está sucediendo; un gobierno nos puede quitar la potestad de nuestros derechos a conocer la verdad, que es parte de la justicia”, explicó Marcial Antonio Bolaños Rivas, de la comunidad La Burrera, municipio de San Esteban Catarina, San Vicente al exigir una Ley Especial de Reparación que no favorezca a los perpetradores.
El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Cristosal se pronunciaron en representación de las víctimas sobrevivientes de la masacre El Calabozo, perpetrada en agosto de 1982 por las tropas del Destacamento Militar #2 y batallones Atlacatl y Ramón Belloso, que dejó a más de 200 víctimas mortales.
Marcial Bolaños exigió en nombre de otras víctimas la aplicación de justicia, e instó a los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa a “tomar en serio” la discusión de la Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos, en el contexto del Conflicto Armado Interno, que fue presentada por víctimas sobrevivientes junto a las organizaciones de derechos humanos el 21 de mayo de 2019.
“Al disolver la Secretaría de Inclusión Social (SIS) pensamos que los logros que habíamos tenido pueden quedar a la intemperie”, dijo y agregó: de alguna manera, los responsables de estos crímenes, de la masacre de El Calabozo y quienes dieron las órdenes, quedan impunes. “Comité de las Víctimas de San Esteban Catarina queremos conocer la verdad, porque es parte de nuestros derechos y como familiares de las víctimas de la masacre El Calabozo, que se tome en serio este proceso que había venido avanzando poco a poco, pero hemos visto que va a retroceder”, manifestó.
Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” lamentó el retardamiento desde la presidencia de la República, para reunirse con las organizaciones de derechos humanos y víctimas que buscan un proceso de resarcimiento moral, psicológico y en materia de salud.
“Había un decreto de reparación a víctimas conocido como el 204, que estuvo funcionando con el gobierno anterior; ahora tenemos una gran preocupación porque el que llevaba todo el registro, control y manejo de cómo se iba implementando el decreto Ejecutivo, fue la Secretaría de Inclusión Social que este nuevo gobierno disolvió. Ahora no sabemos el paradero de la información que estaba resguardada, y contenía todo el proceso de lo que se había implementado. No era un programa completo o digno, pero se había avanzado algo”, subrayó.
Para David Morales, exprocurador de Derechos Humanos las declaraciones del actual presidente de la República, Nayib Bukele se han encaminado solamente a adquirir compromisos en relación a la “Agenda de Derechos Humanos” de las víctimas y lamentó que El Salvador no haya estructurado una política a nivel nacional y con inversión suficiente, para dar reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
“Esto es una deuda histórica y fue hasta el 2013, que se aprobó un decreto, con un programa de reparaciones que no incluía la reparación material; sino algunas compensaciones mínimas y algunas acciones en favor de la memoria.
Este decreto se activó hasta el 2016 y ahora en el marco del nuevo gobierno, la reestructuración que implicó la disolución de la Secretaría de Inclusión Social ha paralizado este proceso limitado existente; entonces las víctimas están en una situación de retroceso, y lo poco articulado ya no está funcionando”, aseguró.
Asimismo, Morales reiteró el llamamiento al presidente Nayib Bukele en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, a exigirle a las cúpulas militares a presentar la información y archivos militares, para fortalecer los casos judiciales de las masacres como la de El Calabozo para ser puesta a disposición de las autoridades.
“Creemos que es inverosímil que no haya información militar de este tipo, sabemos que los documentos relacionados a la operación militar -Mario Azenon Palma- es donde conjuntaron, por orden del Alto Mando del exministro (Guillermo) García a varios militares que perpetraron esta masacre, que es un crimen de Lesa Humanidad. Y estos documentos son requeridos por el tribunal y no se han entregado. Por eso es increíble que no haya información de la participación de miles de hombres (militares), que asesinaron a población civil inocente donde la mayoría eran niños y niñas.
