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Redacción Nacionales
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La diputada suplente y secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que a las personas afectadas no se les tomó en cuenta para la disolución del CONAIPD; a juicio de la legisladora, la disolución de este consejo es una violación a los derechos humanos y de convenios internacionales.
La Asamblea Legislativa aprobó disolver el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), y que las funciones de estos pasen al Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE), sin consultar a las personas afectadas.
Rivas planteó que según el último censo, en El Salvador hay 489 mil personas con discapacidad. Desde 2021, funcionaba el Consejo Nacional Integral de Personas con Discapacidad (CONAIPD), que su función era defender, acompañar y fiscalizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad.
El presidente de la República, Nayib Bukele, sancionó y publicó la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, el 26 de agosto de 2020. La Ley entró en vigencia el 1° de enero de 2021, en el artículo 11 crea el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).
Rivas planteó que una usuaria del CONAIPD le informó que cuando en una institución pública no le hacían caso, los usuarios iban al Consejo para que les ayudarán; “Esta ley a pesar de estar desde el 2020”, nace “sin dientes”, ya que en la Ley creaba un Tribunal Sancionador, que buscaba sancionar las vulneraciones de derechos.
Rivas ejemplificó que si alguna institución pública no tiene accesos adecuados para personas con discapacidad, intérpretes de lengua de señas o un formulario para alguien no vidente, entraría en función el tribunal.
La legisladora planteó que también, el Tribunal debía regular aquellas denuncias de escuelas públicas y privadas que no atienden a niños con autismo o discapacidad y ponen miles de trabas para atenderlos. “Ese tribunal sancionador, venía con la ley en 2020 que entró en vigencia en 2021, pero desde que llegó la Asamblea del oficialismo, la prorrogaron 7 veces. Es decir, ese tribunal sancionador ni siquiera nació, solo estuvo en la ley pero fue asesinado antes de nacer”.
En las reformas hechas este martes, quitaron el tribunal sancionador del CONAIPD para que este sea disuelto y traslade sus funciones al INABVE.
“¿Qué significa esto?, es un retroceso y es una clara violación de derechos humanos para las personas con discapacidad, porque al final disuelven este consejo y lo trasladan al INABVE, que como sabemos es un instituto cuyo interés u objetivo es para la protección de los derechos y las luchas de todas las personas de la FAES y del FMNL que participaron en el conflicto armado. Pero, ¿qué tienen que ver ellos?”, cuestionó la legisladora.
A juicio de Rivas, si bien podrían haber condiciones y limitaciones similares, existe una “gran diferencia” entre nacer con una discapacidad y otro que sea tener una discapacidad por el conflicto armado.
“¿Qué va a pasar con la especialización que hay en cada una de las discapacidades?, además el CONAIPD estaba formado por 12 personas, representando a cada uno de las discapacidades, pero aquí pasamos a 1, es decir, solamente una persona de estas asociaciones de discapacidad va a ir a representar en el Comité que se está haciendo”.
Rivas planteó que hay una serie de preocupaciones por parte de las personas con discapacidad porque los trasladan a otra institución sin hablar de financiamiento. En los cambios realizados a la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes, es que la ejecución de los programas de beneficios “queda supeditada a la capacidad financiera del Estado”, es decir, que el apoyo dependerá de la disponibilidad de fondos públicos.
“Es lamentable porque a nivel de estándares internacionales, toda decisión que vaya afectar a una persona con discapacidad y sobre todo en temas legislativos, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que es ley de la República, desde que fue ratificada en 2007, dice que debe de haber una participación plena de las organizaciones de las personas con discapacidad”, planteó Rivas.
Cesia Rivas agregó que en la Comisión de la Niñez e Integración Social cuestionó a la representante del Despacho de la Primera Dama sí tomó en cuenta a estas organizaciones; la funcionaria dijo que sí, a la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de noviembre del 89” (ALGES).
Sin embargo, los lisiados de guerra rechazaron rotundamente esa versión y afirmaron que nunca recibieron una consulta oficial sobre dicha medida, ni como institución ni como parte de la junta directiva del consejo.
“Al final vemos que es una decisión inconsulta, que viola derechos humanos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores; afectará a más de un millón de personas. Al final, el discurso aguanta con todo, pero de qué sirve un tuit o video si al final una ley no se cumple y por 7 años, no fortalecieron el CONAIPD”, concluyó Rivas.
Tras estas enmiendas y una vez entradas en vigencia en el Diario Oficial, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores se integrarán al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE). En adelante, será esta institución la única en tener la tutela de los derechos de ambos sectores.
