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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La fundación Cristosal denunció que cuatro personas organizadas en diferentes comunidades de Chalatenango fueron detenidas en el marco del cerco militar, dos de ellas miembros de la Fundación Tamarindo, cuya sede está en poder del ejército. De este grupo se han llevado a una madre y su hija de 7 años, de quienes se desconoce su paradero.
Cristosal ha corroborado que, desde la noche del domingo, los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador están totalmente cercados por el ejército, quienes han solicitado acceso a casas de la población y de fundaciones para albergar a los militares.
“Estos cercos militares se han levantado en comunidades históricamente organizadas tras la guerra civil, y que en las recientes elecciones dieron su apoyo al FMLN. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la integridad física de todos los detenidos, así como de los habitantes obligados a abrir sus casas, para albergar a los militares y policías”, expresó.
El gobierno de Nayib Bukele ha movilizado a 5,000 soldados y 1,000 policías bajo la justificación de que hace unos días ocurrieron dos homicidios en la zona, sin embargo, la única información oficial que ha trascendido es la detención de dos personas, supuestos miembros de pandillas, publicado por el mandatario en su cuenta de X.
Cristosal también alertó a la comunidad internacional para estar vigilantes de esta situación, pues son fieles creyentes que en un país con democracia, el respeto a la vida y dignidad de todas las personas, así como la presunción de inocencia son derechos que deben respetarse.
La Fundación Jon Cortina publicó un comunicado en el que informaba de la presencia de militares en Casa Museo Jon Cortina, de Guarjila y otras comunidades aledañas, por ello, piden respeto a las instalaciones e inmuebles.
Ell juez de Sentencia, Juan Antonio Durán, consideró como negativo que un presidente señale a la gente como culpable de acciones específicas sin evidencias. Al gobierno solo le importa la propaganda y publicidad de su régimen de terror que tiene impuesto a través de la violencia, fuerza de las armas y violación a los Derechos Humanos.
“El delito que está cometiendo el gobierno de manera permanente y en masa, es el delito de exacción, significa que la autoridad pública le impone o le saque dinero a la gente sin base legal, mensualmente la gente está pagando al gobierno por sus familiares presos entre 200 y $300 y no se sabe para qué es ese dinero”, recalcó Durán.
