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Por Leonel Herrera*
Con el desprecio a la legalidad, el irrespeto al debido proceso penal y la anulación del estado de derecho que lo caracterizan, el gobierno de Nayib Bukele ha convertido a El Salvador en un Estado criminal.
Es decir: un Estado que no sólo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que también violenta leyes y comete delitos graves, algunos que -incluso- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad y, por tanto, denunciables ante instancias como la Corte Penal Internacional (CPI).
Uno de estos delitos es el incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenan la excarcelación de personas inocentes, detenidas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas.
Esto no sólo constituye desacato, desobediencia, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y otros delitos conexos; sino que -en la práctica- es también una modalidad de secuestro, como bien señala la abogada Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
En una reciente entrevista del Canal TVX, retomada por Diario Co Latino y otros medios escritos, Cruz dijo que el Estado salvadoreño mantiene “secuestrado” a Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Seguridad Pública durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Ramírez Landaverde sigue preso, a pesar de tener carta de libertad desde diciembre de 2023. Según la abogada, el gobierno mantiene detenido al ex ministro porque posee información sobre acuerdos que Bukele pactó con las pandillas en 2018 durante la campaña presidencial y que después implementó como presidente.
Lo denunciado por la representante de COFAPPES fue revelado en febrero de este año por Héctor Silva Ávalos, en una nota publicada en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria y retomada por otros medios internacionales.
El periodista salvadoreño plantea, además, que la detención de Ramírez Landaverde fue parte de las condiciones que los cabecillas pandilleriles pusieron al entonces candidato Bukele: represalias contra los funcionarios públicos que dirigían las instituciones de Seguridad que en aquel momento combatían a las maras.
Mediáticamente se conocen unos 15 casos de “secuestro” en cárceles salvadoreñas, los que más han sonado por la trascendencia de la denuncia pública de familiares y organizaciones sociales. Sin embargo, se estima que podrían ser cientos y hasta miles de personas que siguen encarceladas, aun teniendo carta de libertad otorgada por algún juez.
Entre los casos conocidos está José Duval Mata, uno de los 200 detenidos del Bajo Lempa, Usulután, quien fue capturado el 18 de abril de 2022, acusado de “agrupaciones ilícitas”, el delito adjudicado a la mayoría de capturados por el régimen de excepción.
El 23 de septiembre del mismo año, una jueza especializada de instrucción de San Miguel ordenó su libertad; pero la Dirección General de Centros Penales no cumplió con dicha resolución. En vez de liberado, el joven usuluteco ha sido trasladado a varias cárceles, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Las autoridades penitenciarias lo mantienen detenido, aun cuando la orden de libertad ha sido ratificada por una cámara penal de Santa Ana. Su angustiada familia ni siquiera tiene certeza de si él sigue con vida.
Otro caso es el de Levi César Morales Ramírez, hijo del líder indígena y ambientalista Silverio Morales, quien fue detenido -junto a otros familiares- el 11 de noviembre de 2022, en una zona rural de Nahuizalco, Sonsonate.
Morales Ramírez pasó 17 meses en prisión, a pesar de dos órdenes de libertad emitidas por un tribunal contra el crimen organizado de Santa Ana. Finalmente fue liberado el pasado 15 de mayo, gracias a la presión de organizaciones indígenas y comunitarias acompañadas por Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD)
El joven sonsonateco vuelve a las tareas agrícolas de su comunidad, pero con el trauma psicológico por las vejaciones que sufrió y con el temor de ser capturado nuevamente por el régimen de excepción en cualquier momento.
Y entre los casos más terribles está el de Juan de Jesús Orellana, quien murió en prisión en septiembre de 2023, por graves complicaciones de salud. Las autoridades penitenciarias se negaron cuatro veces a excarcelarlo, a pesar de contar con carta de libertad otorgada por un tribunal de San Francisco Gotera y una fianza pagada de 1,000 dólares.
Este joven fue capturado el 30 de mayo de 2023. El 12 de junio, el juez David Ernesto Sigüenza ordenó “poner en inmediata libertad al procesado”, tras conocer informes médicos que confirmaban insuficiencia renal y otras enfermedades del detenido. Centros Penales incumplió la orden judicial y Orellana murió el 24 de septiembre. Su esposa Johanna Hernández y su hija de tres años todavía lo lloran.
El Estado mató a “Juancito”, como llamaban en su comunidad a este joven albañil. Su captura fue sólo un número en la cantidad de detenciones diarias exigida a los policías que lo apresaron; su encarcelamiento, parte del “margen de error” de las autoridades de Seguridad; y su muerte, un dato irrelevante para un régimen que desprecia a los pobres, sencillos y humildes.
*Periodista y activista.
