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Luis Arnoldo Colato Hernández
Los denominados “Derechos Humanos” son un cuerpo legal constituidos por las diferentes generaciones de derechos [en los que debemos considerar los consecuentes deberes], reconocidos por la comunidad internacional luego de largos y a veces agrios y difíciles debates en el seno de las naciones unidas, admitidos entonces por la comunidad en general a través de acuerdos que obligan a los estados firmantes, tanto a validarlos como a promoverlos.
Su propósito es garantizar a los ciudadanos de los estados firmantes, un abanico de derechos fundamentales, que van desde la vida, nombre, nacionalidad, educación, salud, etcétera, que tienen como propósito último asegurar que los beneficiados accedan a una calidad de vida superior, plena, edificante y productiva.
Para que ello sea posible no solo el Estado ha de asumir la responsabilidad de velar porque los derechos en cuestión sean protegidos, sino que deriva por ejemplo en el sistema educativo, promoverlos a través de una sistemática y sostenida campaña orientada a descubrirlos ante la propia ciudadanía, educándola para que esta se los apropie y vele junto al estado por su naturalización.
Esto es fundamental, sobre todo en aquellas naciones con una errática tradición violatoria de los derechos humanos, enquistada en su cultura e idiosincrasia, como la nuestra.
Basta para sustentar el que la cultura de derechos humanos no es la tradición en nuestro medio, y si en cambio lo opuesto, observar la extrema violencia naturalizada en nuestras relaciones de poder, que podemos apreciar en momentos cruciales de nuestra historia como es el caso de la desaparición por decreto de las tierras ejidales, a finales del siglo XIX, que produjo tal conmoción social, que incluso derivó en el evento de enero de 1932, cuando el estado salvadoreño asesino hasta 35,000 ciudadanos como respuesta al levantamiento que aquellos tuvieron en reclamo de las tierras que les fuera arrebatada por el Estado, para crear el parque cafetalero que benefició a apenas unas cuantas familias, mientras dejara en la desprotección absoluta a la virtual totalidad de la población campesina de aquella época.
Tal crimen sigue impune, y como ese muchos más. La naturalización de estos crímenes, constituyen una fundamental narrativa justificadora de las relaciones de poder existentes en nuestro país.
En tal sentido el que el ejecutivo profundice ahora la militarización del estado no constituye en sí mismo una novedad, sino la natural consecuencia de esa lectura del poder, en la que los DDHH no son como tales beneficiarios de la persona humana, sino lo contrario, un obstáculo para el propósito último del poder: el poder absoluto.
Siendo así, el que la PNC se desnaturalice mientras la FFAA asume roles que no le corresponden, corrompiendo a la sala de lo contencioso para legitimarse hace retroceder al estado salvadoreño casi cuarenta años, devolviéndonos a la sombría época en la que el ultraje a la dignidad humana era tan cuasi legal como natural, lo que no puede sino derivar en más violencia, sin mas salida que ella misma.
Así las cosas, los DDHH no son el problema, sino la solución.
