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Gloria Guzmán Orellana, una de las víctimas de la violencia de Estado durante el pasado conflicto armado, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las desapariciones forzadas durante la guerra civil salvadoreña. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura.

Denuncian ante Fiscalía desapariciones forzadas durante el conflicto armado

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

He venido a poner una demanda de investigación por la desaparición forzada de mi madre, mi padre y hermano, ocurrida en 1982, y soy testigo directo de ese hecho, y sus autores materiales fueron agentes de la Policía Nacional y elementos del Ejército Nacional”, dijo Gloria Guzmán, minutos antes de interponer su denuncia junto al Colectivo Jurídico de Derechos Humanos.

La acusación fue contra los responsables de la Policía Nacional y Fuerza Armada, de aquella fecha: los Generales José Guillermo García, ex-ministro de la Defensa Nacional; Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor y el Coronel Carlos Reynaldo López Nuila, ex director de la Policía Nacional.

“Mi padre fue sindicalista en una empresa donde trabajó como obrero, además mi padre Juan Antonio Guzmán y mi madre Otilia Orellana López eran miembros de las Comunidades Eclesiales de Base, y mi hermano Fernando Enrique Guzmán era miembro de organizaciones populares, por lo tanto, la detención y desaparición de mi familia fue por motivos políticos”, dijo Gloria Guzmán.

Posterior a este hecho, dice Gloria Guzmán, se realizaron las denuncias pertinentes nacionales e internacionales, y el caso se llevó ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas (ONU) durante la negociación los acuerdos de paz, en enero de 1992, sin obtener ninguna información.

Luis Enrique Salazar, abogado de Gloria Guzmán, informó que el incidente que llegaron a denunciar este un evento sucedido en la “época más cruenta” de las graves violaciones a los derechos humanos de la población por el Estado, en el marco del conflicto armado de los años ochenta.

“Recordemos que los años en que arrancó el conflicto armado fue de los más duros y en ese entonces se instaló como práctica este tipo de acciones, entonces, le pedimos al Fiscal General (Douglas Meléndez) para que determine cómo fue la práctica de la desaparición forzada. Y sabemos que en 1982, los altos jefes militares que estaban a cargo, y que distintos documentos e informes han denotado la práctica de la tortura, la desaparición forzada y las masacres, que fueron instaladas desde un aparato de terror y organizadas que se instaló en la estructura del Estado”, sostuvo.

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