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@arpassv
Las organizaciones ambientalistas realizaron ayer la XV Caminata Ecológica, health con el lema “Por nuestro derecho humano al agua y a la alimentación, hay que cambiar de raíz todo el sistema”, parafraseando al Beato Óscar Arnulfo Romero.
A la demanda principal de ratificar la reforma al Artículo 69 de la Constitución que reconoce el acceso al agua potable y a la alimentación adecuada como derechos humanos, se sumaron la aprobación de los proyectos de ley general de agua, ley de soberanía alimentaria y ley prohibitiva de la minería metálica.
Son todas demandas reiteradas que chocan con los oídos sordos de la Asamblea Legislativa, sobre todo de grupos parlamentarios de derecha que defienden mezquinos intereses privatizadores.
Esto se evidencia más claramente en la prolongada discusión sobre la propuesta de ley de agua que estudia la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático: la derecha legislativa busca que la entidad rectora de las políticas hídricas quede bajo control de la empresa privada, misma que quiere hacer negocio con el vital líquido.
La no aprobación de la ley anti-minera también confirma la insensibilidad e irresponsabilidad de la derecha parlamentaria. El consenso nacional contra la minería no se traduce en una correlación favorable a la prohibición debido a la influencia de los intereses de empresas extractivas.
Las organizaciones ecologistas también reclaman a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia por el retraso en la instalación de los tribunales ambientales, establecidos en la Ley de Medioambiente aprobada en 1998.
Esto mantiene impunes graves delitos ambientales como la depredación de la Finca El Espino cometida por las oligárquicas familias Dueñas, Regalado y Poma. Sobre el último pulmón de San Salvador se construyeron tres centros comerciales, una universidad privada y un edificio para la Telecorporación Salvadoreña.
La destrucción de la Cordillera El Bálsamo por varias constructoras y la contaminación del 90% de los afluentes del país por diversas industrias, son también crímenes horrendos contra el medioambiente.
Otra caso denunciado por comunidades y organizaciones ecologistas es la destrucción de 80 manzanas de bosque en Santo Tomás, por Inversiones Roble (Familia Poma), con aval de la alcaldía municipal y el Ministerio de Medioambiente.
