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En el mes de septiembre el Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 176, inciso tercero de la Constitución, debe de presentar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año siguiente, el cual debe presentar los ingresos y gastos para el siguiente año fiscal.
El proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo periodo fiscal será de $6,426.1 millones; $300 millones menos al del actual que es de $6713.2 millones, lo que en apariencia es menor, solo que en el de 2019 incluía más de $800 millones para el pago de deuda; es decir, para el 2020 hay un aumento real de 500 millones de dólares. O sea, si en el próximo año no hay pago de deuda externa, entonces el presupuesto de 2020 debería reflejar $800 millones menos, pero no es así, como se puede demostrar con la cifra global del anteproyecto presentado en septiembre a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda. Este es un primer elemento que la ciudadanía, en primer lugar, debería tener en cuenta para su propio análisis, así como los diputados de todas las fracciones legislativas, por supuesto.
Al otro elemento que se le debe poner atención es si el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación cumple dos leyes ahora de suma importancia. En primer lugar, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga al Estado a reducir el déficit fiscal, no más allá del 3 %, lo cual no se cumplirá si, por un lado, no hay medidas para hacer llegar más dinero al Fisco, y por el otro se sigue con la lógica del endeudamiento. Recordemos que para completar o financiar el presupuestos de 2020 el gobierno ha incluido 775 millones de dólares en concepto de impuestos. Además, ante de finalizar el año, el gobierno tendrá que convertir en deuda de largo plazo más de $900 millones que iguala la deuda por los letes del tesoro, lo que comúnmente se conoce como limpiar la tarjeta de crédito para mantener liquidez en las arcas del Estado. Al final, el Gobierno deberá solicitar en calidad de préstamo más de mil 700 millones de dólares.
Se suponía que, dado que el presidente Nayib Bukele, en campaña electoral criticó duramente la deuda externa, tras asegurar que “el dinero alcanzaba mientras no se robaba”, él no debería haber caído en la misma situación, lo que significa que en aquel comento desconocía de finanzas públicas o criticaba solo por criticar y con ello desacreditar al partido del gobierno de turno.
Los diputados deberán analizar bien, por un lado, si no se cumple la Ley de Responsabilidad Fiscal, y si la realidad fiscal del país amerite que se hagan llegar más recursos mediante préstamos, independientemente que se incumpla la ley. Lo importante es que el pueblo debe saber la verdad.
Otra ley que el Ejecutivo debe cumplir es la Ley de Protección Social. Y, aquí sí, las organizaciones sociales y populares deben enchufarse con el Legislativo, porque no cumplir esta ley significaría que el gobierno de Bukele afectaría muchos programas sociales. Y, como decían recientemente lideresas de organizaciones feministas, “lo conquistado no se entrega”.
Hay varios indicios que deja ver que algunos programas sociales serán afectados, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Presupuesto General de 2020; como por ejemplo, la reducción de 9 millones de dólares al subisidio del gas, lo que sin lugar a dudas afectará a miles de familias, aunque el ministerio de Economía lo niegue.
Además de las reducciones a programas como pensión básica universal, al bono de educación y salud, en el de agricultura familiar y rural y el de educación sexual y reproductiva, entre otros. Aquí cabe preguntarse, por qué se disminuyen el presupuesto en estos programas, si por un lado, están protegidos por ley, y por el otro hay un incremento de 500 millones de dólares en el presupuesto, como lo dejamos aclaro en párrafos anteriores.
Otros aspectos que a la ciudadanía le deben llamar la atención son las exorbitantes sumas que varias entidades o carteras de Estado contemplan como “gastos financieros”, que uno tiene un destino, pero que suman más de $200 millones. Algunos diputados y otros entendidos en la materia han comenzado a llamar esas partidas como “reservadas”, y que no son para el OIE, por supuesto. Estas partidas “oscuras” deben transparentarse.
Es más, sugerimos que ese monto debe servir para incluir los $100 que el Gobierno ha prometido como incremento salarial a los policías, soldados y custodios de centros penales para el próximo año y que no están contemplados en la Ley del Presupuesto General.
Por cierto, de acuerdo con la Constitución, todos los gastos de un periodo fiscal deben ser contemplados en el Presupuesto General, y si el famoso incremento a los servidores en la seguridad pública no está contemplado, y ya se ha prometido, sería una ilegalidad.
La Asamblea Legislativa no solo debe contemplar estos y otros aspectos sobre el presupuesto, sino también, la de no eliminar las plazas por Ley de Salario, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo, y que al aprobar el Presupuesto General, que esperemos sea antes de que culmine el año, debe garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que han buscado amparo en la Corte Suprema de Justicia, y de todo aquel que haya sido despedido de forma ilegal.
