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Más bien el título de este editorial debió ser de la “estupidez versus la racionalidad”. Y es que cualquiera persona que le dé seguimiento al caso Flores-Taiwán, for sale physician sin profundizar en detalles, no solo se sorprende de las actitudes del juez y la Fiscalía, sino que terminaría indignándose, y con razón.
Hoy resulta, que, desde la lógica fiscal y del Juez Levis Italmir Orellana, a quien hay que juzgar es a los querellantes y no al expresidente Francisco Flores, quien, a esa altura, desde la opinión ciudadana debería “estar en Mariona”, y no solo él, sino una gran cantidad de su gente más cercana –la mayoría del partido ARENA-, por la desviación de quién sabe cuantos millones de dólares.
Según la investigación inicial, Flores habría desviado 10 millones de dólares de la ayuda de Taiwán a El Salvador, pero, según las propias palabras del ex presidente Flores, podrían haber sido “15, 20 o más millones de dólares”.
Sin embargo, la lógica judicial es otra, es prohibido hablar del caso, y quien se atreva a hablar del caso podría ser procesado. Esta es la lectura que sacamos de la amenaza judicial y fiscal contra los querellantes de FESPAD y del ISD, que atendiendo al clamor popular, y ante la sospecha de la actuación malicioso de la Fiscalía y el Juez que lleva el caso Flores, se presentaron como acusadores particulares.
A la Fiscalía y al Juzgado Primero de Instrucción se les olvida que los querellantes, si bien representan a dos instituciones reconocidas entre la sociedad civil, tienen el respaldo de la opinión pública.
La Fiscalía y el Juzgado de Instrucción, en vez de amenazar a los querellantes lo que deberían hacer es acelerar el caso y llevar a la vista pública o ante un juzgado de Sentencia al señor Flores por el delito de lavado de dinero, como todo mundo clama.
Es necesario que la sociedad civil se movilice, no solo para salir a la defensa de los abogados de FESPAD y el ISD, sino para que se haga justicia. Que el señor Flores debe ser llevado a juicio lo más pronto posible, y no solo él, sino quienes fueron parte de esa movilización arbitraria de esos millones de dólares donados por Taiwán, pero que nunca llegaron a sus “destinarios”.
La Justicia, como se ha dicho antes, también puede ser torcida, pero, si la ciudadanía se moviliza puede aplicarse tal y como lo dictan nuestras leyes, nuestra constitución.
El pueblo salvadoreño no debe permitir que la “estupidez” suplante a la razón y a la lógica.
