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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino / Colaborador
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) denunció intentos de desalojo forzado y ‘sistemático’ en la comunidad CIDECO La Herradura, en el departamento de La Paz. Según abogados de la organización, a los habitantes se les estarían fabricando procesos judiciales por el supuesto delito de usurpación, pese a que las viviendas les fueron donadas tras los terremotos de 2001.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, afirmó en el programa El Salvador Patria Querida, conducido por Alex Carcelero, que las casas fueron otorgadas por distintos donantes a través de la fundación CIDECO, luego de los eventos de 2001. Desde 2014, cerca de 100 familias han presentado denuncias en las que aseguran haber sido víctimas de estafa en el proceso de adjudicación de sus viviendas.
De acuerdo con el abogado, aunque las familias cuentan con documentos y escrituras que respaldan su permanencia en los inmuebles, las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) no han avanzado.
“Estas familias han sufrido por más de 20 años una estafa. Siendo damnificados de los terremotos, les prometieron una casa digna; se las entregaron, pero en lugar de formalizar las escrituras, les hicieron firmar hipotecas para beneficiar a políticos, empresas, bancos y fundaciones. Los dejaron con sus casas empeñadas e hipotecadas”, sostuvo Joya.
El representante legal también se refirió al caso más reciente: la captura de Roberto Carlos Hernández Castillo, hijo del líder comunitario Luis Hernández. Según explicó, se trata del segundo proceso penal abierto contra miembros de la comunidad. Además, advirtió que existe un tercer caso en curso. “A otra familia le llegó un citatorio; les están abriendo procesos por usurpación”, indicó.
Para Joya, las acciones judiciales formarían parte de una estrategia de presión contra los habitantes. “En la comunidad de CIDECO La Herradura quieren provocar un desplazamiento forzado, de manera ilegal y arbitraria. Están acusando a cada familia de usurpación u otros delitos para encarcelarlos o forzarlos a salir ‘voluntariamente’”, afirmó.
El abogado señaló que la captura de Hernández busca enviar un mensaje de intimidación. “Han empezado con el hijo del líder para generar temor en el resto de la población”, dijo.
UNIDEHC sostiene que la detención pretende frenar el proceso que, desde hace más de una década, las familias han impulsado para obtener seguridad jurídica sobre sus viviendas. “Esta detención es un mensaje: si no aceptan desplazarse, les abrirán procesos. Incluso existe el temor de que no solo se les acuse de usurpación, sino que se les aplique el régimen de excepción”, manifestó.
Joya también acusó a instituciones del Estado de actuar en función de intereses empresariales. “Cuando las víctimas acuden a la Fiscalía, para denunciar la estafa, no se investigan los hechos. En cambio, ahora ellos son tratados como delincuentes y señalados de usurpar viviendas que les fueron donadas”, cuestionó.
En esa línea, señaló directamente al banco Davivienda en El Salvador, al que atribuyó vínculos con intereses gubernamentales. “Están utilizando los mecanismos de la Fiscalía para denunciar por usurpación a quienes fueron estafados”, expresó.
El abogado criticó lo que calificó como una actuación coordinada de las instituciones. “Las instituciones operan de manera articulada para fabricarte un caso y vulnerar los derechos de la comunidad”, afirmó.
“Se jactan los funcionarios públicos diciendo que ellos pasan haciendo obras en las comunidades, y que el pueblo los quiere y que están trabajando por el pueblo”, manifestó.
“¿Esto es trabajar por el pueblo? Enviar a los agentes policiales a sacar a un muchacho que es padre de familia, que trabaja de manera honrada, que no es pandillero, que no es delincuente, y que el único pecado de él es estar defendiendo sus derechos; que han sido víctimas de estafas junto con su familia y su comunidad”, planteó.
“Ahora él es el criminal por denunciar y luchar por sus derechos. Ahora es el usurpador al que quieren aplicar todo el peso de la ley”, concluyó.
