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Oscar López
@Oscar_DCL
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” indicó que en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, los abogados defensores de los señalados pretenden alargar el proceso judicial a la espera de que se apruebe en la Asamblea Legislativa la Ley de Reconciliación, la cual consideran que sería una nueva ley de amnistía.
“Los defensores han puesto muchos recursos legales para paralizar el proceso penal. Le han dicho al juez el porqué se toma atribuciones que no le competen porque ya van a aprobar la ley de amnistía, son los argumentos que le dicen al juez, inclusive al juez le promovieron un antejuicio en la Corte Suprema de Justicia, lo acusaron de utilizar derecho penal internacional”, aseguró Wilfredo Medrano, acusador particular en el caso de El Mozote y miembro de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Medrano agregó que los abogados defensores tienen como única estrategia esperar la aprobación de la Ley de Reconciliación, ya que se conoce que en la misma se establecerá que no exista cárcel para los criminales de guerra; además establece sanciones “risibles” para los que sean condenados por graves crímenes.
“Los autores de esta ley son los militares que estuvieron involucrados en la guerra, el general (Ernesto) Vargas, el coronel (Antonio) Armendáriz, el diputado (Rodolfo) Parker, involucrado en el caso de los jesuitas, también hay gente del FMLN”, declaró el abogado.
Medrano indicó que en el proceso judicial de la masacre declararon 46 testigos, la mayoría sobrevivientes, a estos se suman dos personas con régimen de protección especial, que fueron miembros del batallón Atlacatl, por lo que estuvieron en la zona del operativo militar.
“Decidieron colaborar en el proceso histórico sin presión alguna, dijeron que lo hacían porque no querían que los hechos quedaran en la impunidad, porque se sentían mal por haber presenciado la forma en la que mataron a las personas”, dijo.
El acusador particular agregó que los testigos con régimen de protección especial acreditaron que varios coroneles y un general, que están siendo procesados y que han tratado de desvincularse del caso, sí participaron en el operativo militar.
“Los dos testigos declaran cómo se formaron dos grupos de soldados, uno procedía a sacar a la gente de manera violenta de sus casas y el otro grupo se dedicaba a asesinarlos. Estos testigos vienen a robustecer el proceso penal y señalan la presencia del coronel Domingo Monterrosa en ese operativo”, añadió.
Ambos testigos también concuerdan en que había colaboración de varias estructuras militares de la zona oriental, entre ellas la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y el Destacamento Militar 4 de San Francisco Gotera, además de la presencia de la Fuerza Área Salvadoreña que era la que les llevaba la munición y alimentación.
Por ello, Tutela Legal refuta la posición de anteriores ministros de la Defensa Nacional que aseguraron que no habían expedientes militares con información relacionada a este tipo de casos. “Los anteriores gobiernos de izquierda siempre dijeron que no había archivos militares; eso no es cierto, en febrero de 2018 declararon dos altos oficiales de la Fuerza Armada y confirmaron ante el juez que en el archivo de la Fuerza Armada hay información relacionada a los batallones de acción inmediata que se formaron durante el conflicto armado”, aseveró Medrano.
En la masacre fueron asesinadas más de mil personas, en su mayoría niños, por lo que es considerada como el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales durante la guerra civil salvadoreña.
