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Por: Luis Raafel Moreira Flores
Colaborador
San Salvador, 27 de marzo de 2026 — Lo que comenzó en marzo de 2022 como una medida excepcional y temporal para frenar una ola de violencia sin precedentes, ha cumplido su cuarto aniversario convertido en una política de Estado que deja a su paso un rastro de muerte difícil de ignorar. Este viernes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó ante la opinión pública su informe más exhaustivo hasta la fecha de cierre del informe: 500 vidas silenciadas en el sistema penitenciario salvadoreño entre marzo de 2022 y marzo de 2026.
La cifra no es estática. Durante el foro de presentación, se confirmó que apenas el jueves falleció Gerbert Hernández, convirtiéndose en la víctima número 506 de un sistema que las organizaciones sociales califican como una «máquina de moler carne».
El exilio no calla la denuncia
Desde México, donde se encuentra en condición de exilio, la directora del SJH, Ingrid Escobar, abrió la jornada mediante una intervención virtual. Escobar contextualizó el inicio de esta tragedia: el alce de homicidios ocurrido entre el 15 al 31 de marzo de 2022, un evento que el Gobierno de Nayib Bukele utilizó como plataforma para imponer el régimen de excepción.
«A partir de esa fecha inició una historia de detenciones injustificadas de personas inocentes», sentenció Escobar. Según el informe, entre junio y agosto de 2022 se registraron más de 43 muertes en prisión, muchas de las cuales terminaron en fosas comunes. El caso emblemático de Henry Joya fue citado como el ejemplo de cómo el Estado entierra no solo cuerpos, sino también la verdad.
El análisis técnico del SJH revela una progresión de decesos que desafía la narrativa de pacificación total:
- 2022: 113 fallecidos
- 2023: 123 fallecidos
- 2024: 116 fallecidos
- 2025: 121 fallecidos
- 2026 (primer trimestre): 27 fallecidos
La geografía del horror
El informe desglosa con precisión quirúrgica dónde están ocurriendo los decesos. El Centro Penal de Izalco se posiciona como el recinto más letal del país con 210 fallecidos, seguido por el Penal de Mariona con 94 y la Cárcel de Mujeres con 52. Otras muertes se distribuyen en Quezaltepeque (35) y diversas bartolinas policiales.
Un dato que generó conmoción en el foro es el contraste con el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT). De las 500 muertes documentadas, solo 5 corresponden al CECOT, la cárcel destinada a los pandilleros de alto rango. «Las muertes no están ocurriendo donde están los pandilleros; están ocurriendo donde están los civiles, los pobres, los trabajadores», denunció Escobar.
En cuanto al lugar físico del fallecimiento, el 64.3% de las víctimas murieron en hospitales, lo que indica que fueron trasladados en estado crítico cuando ya no había nada que hacer. El 28.5% murió dentro de las celdas, y el resto en traslados o bartolinas. Además, 18 personas fallecieron a los pocos días de haber sido liberadas debido a enfermedades adquiridas en el encierro.
Del homicidio a la negligencia médica
El equipo de investigación del SJH categorizó las causas de muerte basándose en testimonios de familiares y filtraciones de inspecciones oculares de la PNC:
- Negligencia médica (31.9%): La causa principal, donde reos con diabetes, hipertensión o insuficiencia renal mueren por la falta de sus medicamentos diarios.
- Homicidios/tortura (30.3%): Golpizas brutales, asfixia y maltrato físico directo. El caso de Humberto Adonay Escobar, de 30 años, es ilustrativo: murió por un supuesto «Edema Pulmonar», pero su cuerpo presentaba moretes y señales claras de tortura al ser entregado a su familia.
- Desconocido (32.5%): Casos donde Medicina Legal no entrega autopsias o las cajas llegan selladas con prohibición de apertura.
- Inferencia (4.6%): Muertes por desnutrición severa y falta de condiciones higiénicas básicas.
El impacto en el sector laboral y sindical
Héctor Rodríguez, representante del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), aportó una capa adicional de gravedad al informe al detallar cómo el régimen ha sido utilizado para desarticular la organización social. Rodríguez reportó la escalofriante cifra de 44,000 trabajadores despedidos bajo el amparo de la inestabilidad institucional.
«Más de 20 sindicalistas han sido detenidos bajo el régimen solo por reclamar sus derechos», denunció Rodríguez. Citó casos específicos como las capturas en la Alcaldía de Soyapango y San Marcos, y la muerte en prisión de líderes con fuero sindical como Leónidas Bonilla. También recordó la tragedia de la Imprenta Nacional, donde 5 trabajadores fueron detenidos sin pruebas. En medio de este panorama, se destacó la resistencia comunitaria en el caso de Sabino Ramos, un líder cultural cuya detención ha movilizado a todo su cantón.
«Instituciones muertas»
El abogado Guillermo García, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), fue el encargado de analizar la respuesta —o falta de ella— por parte del Estado. García calificó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Judicial como «instituciones muertas».
«Desde la PDDH y la FGR se observa una falta total de voluntad para investigar estas 500 muertes. Esto los convierte en cómplices por omisión. En el futuro, estas instituciones tendrán que pagar ante la justicia internacional», advirtió García. El abogado señaló que, ante este muro de impunidad interna, las organizaciones están activando mecanismos en la CIDH y la ONU, ya que en El Salvador el derecho a la defensa técnica es inexistente para los presos políticos de la Alianza El Salvador en Paz.
Los bebés del régimen
El informe dedica una sección desgarradora a los bebés fallecidos. Se mencionaron los nombres de Carmen, Génesis, Carlos y Karen, menores que murieron por falta de atención médica adecuada o condiciones insalubres mientras sus madres estaban detenidas o ellos mismos permanecían en el entorno carcelario.
La demografía de la muerte es clara: el 92.4% son hombres y el 7.6% son mujeres. El 93.8% de las víctimas son catalogadas por el Gobierno como ‘colaboradores’, una categoría ambigua que el SJH denuncia como un mecanismo para criminalizar a cualquier ciudadano que viva en zonas con presencia de pandillas.
El testimonio de 500 cajas selladas
El foro concluyó con la lectura de una carta del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), reforzando que el régimen de excepción no es solo una estrategia de seguridad, sino un sistema que ha suspendido los derechos humanos de los más pobres.
A cuatro años de su implementación, la cifra de 500 muertos (ahora 506) es el recordatorio más crudo de que la paz social no puede construirse sobre fosas comunes y negligencia institucional. Mientras las familias siguen recibiendo ataúdes sellados y prohibiciones de velación, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario prometen seguir documentando lo que ellos llaman la historia oculta del «Nuevo El Salvador».
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