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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La organización Cristosal informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el viernes 20 de junio el recurso de hábeas corpus presentado a favor de la jefa de la Unidad Anticorrupción, Ruth Eleonora López, por lo que ha designado una jueza ejecutora que intimará a las autoridades demandadas, pero omitió pronunciarse sobre la violación al debido proceso, no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del Régimen de Excepción a delitos comunes.
“Si bien es un acto positivo e inusual en el actual contexto, que el hábeas corpus haya sido admitido, es lamentable que la Sala de lo Constitucional sostenga que no tienen trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso durante la captura de Ruth, llevada a cabo mediante engaños y trato degradante; su posterior incomunicación y la vulneración a su derecho a la libertad, utilizando una orden de detención fiscal sin fundamentación, la cual no se le permitió leer a ella ni a su abogado presente”, expresó Cristosal.
Asimismo, lamentó que en esta resolución la Sala ha convalidado la violación al artículo artículo13 inciso 2 de la Constitución, que establece un plazo de 72 horas para la detención administrativa y obliga a las autoridades captoras a presentarla ante un juez imparcial.
Cristosal indicó que con esta acción la Sala de lo Constitucional legitima la violación a los derechos establecidos en los artículos 12 inciso 2, y 13 inciso 2 de la Constitución en perjuicio de cualquier persona, por la aplicación del Régimen de Excepción, prolongado de forma inconstitucional por más de 39 meses, y cuya derogatoria ha sido demandada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).
“Cristosal espera y exige a la Sala de lo Constitucional, así como a la jueza ejecutora nombrada, que realicen la tramitación del proceso de hábeas corpus en estricto respeto de la Constitución, con objetividad y valorando las graves violaciones al debido proceso que se han producido en el caso de la defensora y abogada Ruth López, entre estas la imposición de una reserva total que violenta su derecho a un juicio público”, aseguró la organización.
A criterio de Cristosal, el caso de Ruth López no es aislado, representa a miles de personas que en los últimos tres años han sido detenidas de forma ilegal en El Salvador, a quienes bajo el Régimen de Excepción, les han violentado sistemáticamente sus derechos constitucionales.
