Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
“En los 7 años en el poder nunca había visto la magnitud de esta actividad en los medios digitales, en las redes sociales, como ahora, lo que refleja el grado de afectación que el informe del GIPES le ha hecho al gobierno”, manifestó el analista político Carlos Araujo.
Araujo se refería, a las reacciones del mismo presidente Nayib Bukele, al informe presentado ante las Naciones Unidas por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador (GIPES), en el que advierte el posible cometimiento de delitos de lesa humanidad-
El fin de semana pasado, Nayib Bukele y funcionarios de su gobierno y el aparato propagandístico rechazaran las conclusiones del documento y acusan a periodistas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de promover una narrativa que, según ellos, busca favorecer a las pandillas.
El informe concluye que existe una “base razonable para creer” que durante la aplicación de esta política de seguridad se han cometido violaciones graves a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y en ningún momento pide liberar a los 90 mil supuestos pandilleros capturados.
El documento menciona patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, torturas en centros penitenciarios, muertes bajo custodia del Estado y desapariciones forzadas. Según los datos recopilados por los investigadores, al menos 403 personas han fallecido bajo custodia estatal y se han reportado más de 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025.
El informe también cuestiona la continuidad del régimen de excepción, una medida aprobada inicialmente por la Asamblea Legislativa tras el repunte de homicidios ocurrido en marzo de 2022, cuando más de 80 personas fueron asesinadas en un fin de semana. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada de manera mensual, permitiendo la suspensión de algunas garantías constitucionales y facilitando detenciones masivas contra presuntos miembros de pandillas.
Sin embargo, el documento ha sido duramente criticado por el presidente Bukele, quien aseguró en sus redes sociales que el informe está siendo utilizado por “periodistas activistas” y organizaciones financiadas por la Open Society Foundations, vinculada al filántropo George Soros, para que se liberen a todos los detenidos durante el régimen de excepción.
“Si se acepta que el 100% de las detenciones son arbitrarias, cualquier Estado estaría obligado automáticamente a liberar al 100% de los detenidos”, escribió el mandatario en la red social X, al tiempo que cuestionó las recomendaciones del informe y acusó a organismos internacionales de actuar como “bufetes legales del crimen”.
Bukele también criticó el planteamiento del informe según el cual encarcelar a una persona únicamente por su pertenencia a una pandilla, sin pruebas de delitos específicos, constituye una violación a los derechos humanos. El mandatario sostuvo que esta interpretación impediría capturar a pandilleros, incluso, cuando estos exhiben tatuajes o símbolos que los identifican como miembros de estructuras criminales.
La reacción del gobierno ha sido replicada por diputados, funcionarios y simpatizantes del oficialismo, quienes en redes sociales han defendido el régimen de excepción como la principal herramienta que permitió reducir drásticamente la violencia en el país.
Lo que sí dice el informe
El analista Carlos Araujo sostuvo en Encuentro con Julio Villagrán que el informe no exige la liberación automática de todos los detenidos, sino que plantea la revisión individual de los casos para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen las capturas.
Según explicó, en el derecho internacional una detención se considera arbitraria cuando no se respetan garantías básicas como la notificación de los motivos de la captura, el acceso a defensa legal o la presentación ante un juez en un plazo razonable. Sin embargo, esa calificación no implica necesariamente la liberación inmediata de una persona si posteriormente se presentan cargos y pruebas válidas ante un tribunal.
El documento del GIPES, de casi 300 páginas, fue elaborado por un grupo de juristas internacionales que comenzaron su trabajo en 2024 con el objetivo de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
El grupo cuenta con el respaldo de varias organizaciones internacionales de derechos humanos y centros académicos dedicados al estudio del derecho internacional y la justicia transicional.
El debate generado por el informe ocurre en un contexto en el que el gobierno salvadoreño ha promovido internacionalmente su estrategia de seguridad como un modelo exitoso para combatir a las pandillas, destacando la drástica reducción de homicidios registrada en los últimos años.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han advertido que la estrategia también ha implicado miles de denuncias por detenciones arbitrarias y abusos cometidos durante operativos policiales y militares.
