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Saúl Méndez
Colaborador
La ONG Cristosal, dedicada a la protección y acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras, se mantiene a la expectativa de que la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, con sede en San Miguel, confirme la decisión de elevar a juicio el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. De concretarse, se avanzaría hacia un proceso definitivo que se ha retardado durante más de cuatro décadas.
«A más de 44 años de la masacre, el país se encuentra nuevamente ante una disyuntiva: consolidar el avance hacia la verdad o prolongar la impunidad», expresó la organización a través de un comunicado.
Cristosal afirmó que las víctimas han cumplido su parte al presionar al Estado salvadoreño durante décadas para que su caso sea llevado a juicio, lo que se logró tras 44 años cuando, en diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera determinó que 12 altos militares debían enfrentar un proceso por crímenes de lesa humanidad.
La organización señaló que corresponde ahora al sistema judicial, a través de la Cámara de lo Penal, estar a la “altura de esa dignidad” al resolver la apelación presentada por la defensa de los militares procesados.
Recordó, además, que fue el 22 de diciembre de 2025 cuando la defensa apeló la decisión del Juzgado de San Francisco Gotera de elevar el caso de la Masacre en El Mozote a plenario.
Para Cristosal, la apelación pretende frenar un proceso que ha avanzado gracias a la persistencia de las víctimas, la solidez de la prueba testimonial y científica, y el acompañamiento de organizaciones que durante años han defendido la continuidad del juicio frente a reiterados intentos de cerrarlo.
“Esa apelación busca frenar o revertir el avance del proceso contra más de una decena de altos mandos militares, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García; el excomandante de la Fuerza Aérea, Rafel Bustillo, y diez oficiales que integraban el mando del Batallón Atlacatl”, detalló Cristosal.
Tras concluir la etapa de alegatos en el trámite de apelación, la Cámara deberá resolver si confirma o revoca la decisión del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera de enviar el caso a juicio y eventual sentencia.
Avances en el caso de la Masacre en El Mozote
El 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que declaró responsable internacionalmente al Estado salvadoreño por las violaciones a derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del departamento de Morazán.
La Corte también concluyó que la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y su posterior aplicación en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, vulneraron la “letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz”. Según la Convención Americana, esa decisión implicó un incumplimiento grave de la obligación internacional del Estado salvadoreño de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Los últimos listados elaborados por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, con base en testimonios de sobrevivientes y familiares, registran 1,061 presuntas víctimas ejecutadas. De ellas, aproximadamente el 54 % eran niños y niñas; cerca del 18 %, mujeres adultas y alrededor del 10 %, personas mayores de 60 años.
En 28 sitios de exhumación, señalados en su mayoría por sobrevivientes y testigos, se recuperaron restos correspondientes a un mínimo de 281 personas, de las cuales aproximadamente el 74 % corresponden a niños y niñas menores de 12 años. En el Sitio 1, conocido como “El Convento”, en el caserío El Mozote, 136 de los 143 restos identificados pertenecían a niños, niñas y adolescentes, con un promedio de edad de seis años.
«Han transcurrido 44 años desde que, entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón Atlacatl, bajo la supervisión y encubrimiento del Alto Mando de la Fuerza Armada, perpetraron el exterminio de más de mil personas civiles en el norte del departamento de Morazán», denunció Cristosal.
«Más de la mitad de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes. Durante esos días cometieron, además, violaciones sistemáticas contra niñas y mujeres. Se trata del crimen de guerra y de lesa humanidad más grave registrado en el contexto contemporáneo de América Latina», añadió.
«También han pasado 14 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado salvadoreño investigar y juzgar seriamente este crimen masivo. Sin embargo, el camino hacia el juicio ha estado marcado por dilaciones, bloqueos institucionales y decisiones que favorecieron la impunidad de los responsables», concluyó la organización.
