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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Una representación del Comité para la Defensa del Agua de Ilobasco se movilizó esta mañana hacia la capital. Su destino fue la Unidad de Casos Colectivos de la Defensoría del Consumidor, donde interpusieron una denuncia formal que pone en evidencia la vulnerabilidad de miles de familias rurales y urbanas frente a la gestión privada de un recurso vital. El conflicto, que ha escalado de forma alarmante en los últimos meses, enfrenta a más de 5,800 usuarios del distrito de Ilobasco, en Cabañas Oeste, contra la empresa Inversiones Hidráulicas, a la que señalan de ejecutar cobros arbitrarios, brindar un servicio deficiente y realizar maniobras legales sospechosas que atentan contra la economía familiar.
Orlando Montes, presidente del comité y voz líder de esta resistencia ciudadana, explicó con firmeza que la acción legal es la respuesta directa a un incremento desmedido en las tarifas de consumo. Según los registros de los afectados, los recibos han pasado de promediar los $10.00 a cifras que alcanzan los $24.00, lo que representa un aumento de más del 100% en el costo del servicio. Para las comunidades campesinas y los sectores populares de Ilobasco, este ajuste es insostenible, especialmente en un contexto económico donde el alto costo de la vida ya presiona los presupuestos básicos. Los usuarios demandan un retorno inmediato a los esquemas de costos anteriores, argumentando que no existe una mejora en la infraestructura o en el suministro que justifique tal escalada de precios.
La situación se complica aún más ante la inoperancia percibida de las instituciones estatales. El comité relató con frustración cómo la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) se declaró incompetente para resolver el conflicto el pasado 22 de diciembre de 2025. Esta respuesta dejó a los pobladores en un limbo jurídico, pues la institución que por ley debería tutelar el uso justo del recurso hídrico se desmarcó de la problemática, obligando a los ciudadanos a buscar otras rutas legales. Es aquí donde la Defensoría del Consumidor adquiere un rol protagónico, ya que su mandato constitucional le exige proteger el interés económico de los consumidores frente a servicios básicos abusivos o mal prestados.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en una presunta maniobra empresarial que los líderes comunitarios califican de «altamente sospechosa». Inversiones Hidráulicas ha declarado un estado de quiebra y pretende trasladar sus operaciones a una entidad denominada Agrocontinental SA de CV. Sin embargo, el Comité para la Defensa del Agua ha detectado que el representante legal de ambas empresas es el mismo profesional del derecho, lo que sugiere un intento de evadir responsabilidades legales o deudas mediante la creación de un nuevo contrato bajo una fachada distinta. Esta «venta y compra» entre partes relacionadas es vista por los usuarios como un mecanismo para forzar a las 5,800 familias a firmar condiciones contractuales menos favorables, desconociendo la relación laboral y de servicio que los usuarios han mantenido con la empresa original desde el año 2002.
A la incertidumbre legal se suma un servicio que los residentes describen como paupérrimo. A pesar de que los contratos vigentes estipulan un suministro de al menos tres veces por semana, la realidad en las 23 comunidades afectadas —incluyendo Agua Zarca, Caserío Los Frailes, Cantón San José Centro y Las Flores— es que el vital líquido llega apenas una vez por semana. Esta escasez obliga a los pobladores a recurrir a la compra adicional de agua a través de pipas privadas, lo que llega a triplicar el costo real que una familia debería pagar por el servicio. En algunas zonas, la paradoja es aún más cruel: existen cantareras de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) donde la gente debe pagar tanto a la empresa privada como a la autónoma estatal, en un doble cobro que asfixia la economía rural.
El papel de ANDA también ha sido objeto de severos cuestionamientos. Si bien la institución tiene la capacidad técnica para ejecutar proyectos y mediciones, el comité asegura que la voluntad política ha sido nula durante años. El caso de Orlando Montes es emblemático: siendo residente de la zona urbana de Ilobasco, presentó toda la documentación técnica para ser integrado a la red de ANDA desde el año 2015, pero tras más de una década, sigue sin recibir una resolución. La denuncia ciudadana apunta a que administraciones municipales pasadas bloquearon deliberadamente el ingreso de la autónoma para favorecer a Inversiones Hidráulicas, empresa que, según los manifestantes, fue creada originalmente por prestanombres vinculados al exalcalde Eliceo Castellanos.
Este entramado de intereses políticos y empresariales ha dejado a las comunidades de Ilobasco en una situación de precariedad extrema. Durante la marcha realizada hoy, los representantes del sector campesino enfatizaron que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano que el Estado tiene el «deber ser» de garantizar. Las instituciones mencionadas en el conflicto tienen mandatos claros: la Defensoría debe detener el abuso tarifario, la ASA debe regular la explotación del recurso y ANDA debe expandir su cobertura para eliminar los monopolios privados que operan sin fiscalización efectiva. La falta de articulación entre estas entidades es lo que ha permitido, según los afectados, que la empresa privada actúe con total impunidad.
Tras la jornada de protesta, la Defensoría del Consumidor atendió finalmente a los representantes del comité. El resultado preliminar es un compromiso para una segunda reunión donde se presentará la documentación técnica y legal necesaria para formalizar el caso colectivo. Este es un rayo de esperanza para los usuarios de Cabañas Oeste, quienes se mantienen en estado de alerta permanente. El llamado final de los líderes es a la unidad: exhortan a todas las familias de las 23 comunidades a no ceder ante las presiones de los nuevos contratos y a sumarse activamente a las convocatorias. La lucha por el agua en Ilobasco no es solo una disputa por dólares en un recibo, sino una batalla por la dignidad y el respeto a la legalidad en la gestión de los recursos naturales del país.
