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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Un grupo de organizaciones internacionales pro derechos humanos señaló que la niñez y familias afectadas por el “desplazamiento forzado en El Salvador”, que han tenido que huir de sus hogares para salvaguardar sus vidas por la violencia social, se han visto con vulneración intensificada en el marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, que hasta el cierre de esta nota registra los 6,173 casos confirmados, de los cuales 239 son nuevos y hay 164 personas fallecidas a la fecha.
Las declaraciones fueron compartidas en el marco del Día Mundial del Refugiado, en donde ACNUR, Plan International, Save the Children y World Vision intercambiaron experiencias de sus trabajos y dieron a conocer la principales necesidades de las comunidades salvadoreñas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen y que enfrentan ahora la emergencia por la COVID-19, en el territorio nacional.
Celina Rosales, directora en funciones de Plan International El Salvador afirmó que su organización ha establecido una red social junto a las comunidades, a la base de trabajo territorial, y están convencidos de que ha sido primordial la colaboración de ambas partes.
“Creemos, firmemente, que cualquier plan de acción que vaya encaminado a mejorar las condiciones de las comunidades necesita contar con la participación de las personas que habitan en ellas. En ese marco, hemos identificado que las principales necesidades de atención están vinculadas con la seguridad alimentaria y el acceso a insumos de higiene personal y es en esas áreas que estamos enfocando nuestra respuesta, además de priorizar la educación, la protección y la prevención de la violencia”, dijo.
Mientras, Laura del Valle, directora nacional de World Vision El Salvador, opinó: “Nuestra respuesta global como organización nos hace un llamado y también nos convoca, como parte de nuestros valores centrales, a dar respuestas a las personas más vulnerables en las emergencias, y dentro de ellos los migrantes desplazados y refugiados”.
Rocío Rodríguez, directora de país de Save the Children El Salvador, coincidió en las experiencias de las otras organizaciones al comentar que “se necesita impulsar programas e intervenciones que tomen en cuenta las circunstancias de la niñez en general y de la niñez en condición de desplazamiento forzoso. Solo así los programas adquieren pertinencia y ayudan a alcanzar los objetivos que han planteado”.
Las organizaciones, a través de su trabajo de campo, reiteraron el mensaje del fortalecimiento de las estructuras comunitarias, que permite la mitigación de los riesgos de la violencia y responder desde las comunidades frente a casos de desplazamientos forzados que afecta a miles de familias y a la niñez salvadoreña.
Elisa Carlaccini, jefa de la Oficina Nacional del ACNUR en El Salvador compartió estas ideas, al afirmar: “El trabajo comunitarios es central para responder directamente a las necesidades de la población afectada por el desplazamientos forzado. La pandemia por COVID-19 nos ha llevado a buscar soluciones innovadoras para estar en contacto con las personas, como líneas telefónicas y mensajes de texto, y así fortalecer los liderazgos comunitarios”.
En el contexto de la emergencia por COVID-19, estas organizaciones han proporcionado asistencia humanitaria para alimentos, artículos de higiene y otras necesidades urgentes. Esta ayuda ha apoyado a muchas personas que han tenido que enfrentar los efectos socioeconómicos de la emergencia en comunidades ya afectadas por la violencia.
Cifras oficiales, que parten del informe Tendencias Globales 2019 de ACNUR, revelan que 79.5 millones de personas han sido desplazadas forzosamente en el mundo a finales del año 2019 y que alrededor de 30 a 34 millones eran personas menores de 18 años. En El Salvador, se estima que 71,500 personas han sido desplazadas internamente por la violencia, un fenómeno que afecta principalmente a familias con adolescentes y jóvenes.
Las cifras son relevantes pues el país cuenta ya con una legislación para ayudar a las personas internamente desplazadas forzosamente por la violencia de pandillas y el crimen organizado, que tuvo además el beneplácito del ACNUR, para obtener asistencia humanitaria y el restablecimiento de sus derechos básicos, pero aún se mantiene mucha incertidumbre en su entorno.
