Comunidades históricas proponen construir un “nuevo proyecto de país”

Redacción Diario Co Latino

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Las comunidades históricas hacen un llamado al país a sobreponerse al clima de miedo y recuperar la perspectiva crítica para construir una alternativa al régimen dictatorial de Nayib Bukele.

“Instamos a todos los sectores de la sociedad salvadoreña a que, a pesar del clima de temor y amenazas que pretenden inmovilizarnos, exijamos el cese de violaciones a los derechos ciudadanos y el apego a las reglas democráticas”, expresa la declaración suscrita por comunidades repobladas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, Morazán y Usulután.

Las comunidades se reunieron el pasado 10 de octubre en Santa Marta, Cabañas, en el marco de la conmemoración del 38 aniversario del retorno de los campamentos de refugiados en Honduras, donde se exiliaron a causa de la represión gubernamental durante el conflicto armado.

“Como comunidades históricas demandamos respeto a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas, elementos que constituyen una reserva ética y política para plantear un nuevo proyecto de transformación nacional”, plantea el pronunciamiento.

“Llamamos a toda la sociedad a perder el miedo, recuperar la dignidad y la perspectiva ciudadana para luchar por un país realmente democrático, incluyente, equitativo, justo y sustentable”, exhorta el comunicado difundido en redes sociales.

Para esto, las comunidades ofrecen su “experiencia en la lucha por la democracia y la justicia social, la memoria histórica, las prácticas organizativas y las lecciones y aprendizajes en prácticas económicas, sociales y ambientales alternativas que podrían contribuir a la construcción del nuevo proyecto de país urgente y necesario frente al régimen autoritario y excluyente que pretende perpetuarse”.

La declaración está suscrita por la comunidad Santa Marta, comunidades repobladas de Chalatenango, comunidad Nuevo Gualcho, comunidades repobladas de Suchitoto, comunidad Segundo Montes y comunidades del Bajo Lempa.

Contexto autoritario y dictatorial

Las comunidades señalan que “El Salvador atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia, caracterizado por la reversión de la débil institucionalidad creada tras la firma de los Acuerdos de Paz y por la consolidación de un nuevo régimen autoritario”.

Sostiene que “el sistema republicano de separación de poderes, plasmado en la Constitución de la República aún vigente, ha sido desmantelado y el poder está concentrado en la Presidencia, desde donde se controla todo el aparato estatal, sin ningún contrapeso ni rendición de cuentas”.

Denuncian que “en los últimos años el régimen ha avanzado rápidamente en el cierre del espacio cívico y la persecución contra el periodismo crítico, el activismo ciudadano y la organización comunitaria”. Señalan que “unas 60 personas activistas, sindicalistas, defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios conforman la ominosa lista de presas y presos políticos”.

Entre los perseguidos judicialmente están cinco ambientalistas de la Comunidad Santa Marta que recientemente fueron absueltos por segunda ocasión.

El pronunciamiento señala que “con el argumento de la seguridad pública se canceló el debido proceso, la independencia judicial y garantías constitucionales a toda la población, a través de un régimen de excepción que ha servido para encarcelar a miles de personas inocentes junto con pandilleros”.

“Este régimen también ha generado un clima de miedo para que la población no proteste por el agravamiento del desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida, la falta de soberanía alimentaria, el desmantelamiento de la educación y la salud, el aumento de las vulnerabilidades y la crisis ambiental”, denuncian las comunidades,

La declaración afirma que las comunidades son especialmente afectadas por políticas de despojo de sus tierras para dar paso a proyectos turísticos, urbanísticos, de agronegocios y minería metálica.

“Este despojo y persecución sólo recuerdan la represión que nos obligó a exiliarnos en campamentos de refugiados en Honduras y otros países durante la guerra civil, cuando nuestras comunidades fueron víctimas de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos que constituyen delitos de lesa humanidad hasta ahora impunes, sin justicia y sin reparación de las víctimas”, plantea el pronunciamiento.

Rechazo a minería, desalojos y régimen de excepción

En su declaración, las comunidades exigen a la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley General de Minería Metálica y el restablecimiento de la prohibición definitiva que “fue resultado de un gran consenso nacional y de una heroica lucha social que incluyó el martirio de líderes ambientalistas como Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera”.

Reiteran que “la minería metálica es una amenaza letal contra nuestra agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”.

Al gobierno y demás autoridades estatales exigen “respetar el derecho a la tierra de las comunidades y cesar la política de desalojos en la zona costera y en otras regiones del país”.

Asimismo demandan del gobierno y a la Asamblea Legislativa “terminar con el inconstitucional e innecesario régimen de excepción e implementar planes integrales para mantener la mejora en seguridad, respetar los derechos humanos y el debido proceso, liberar y resarcir a los presos y presas inocentes y abordar los problemas estructurales de la violencia relacionados con las desigualdades sociales y la exclusión económica”.

Llamado a la unidad

Finalmente, las comunidades instan a “elevar los niveles de organización, articulación y coordinación de todas las organizaciones, movimientos sociales y sectores del país”.

Y a los sectores e instancias de la comunidad internacional les solicitan “estar atentos a la coyuntura nacional y acompañar decidida y oportunamente los esfuerzos ciudadanos orientados a la búsqueda y construcción de nuevos caminos democráticos y a la reivindicación de la dignidad humana”.

En el encuentro comunitario también participaron representantes de movimientos sociales, entre éstos el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT).