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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino
La comunidad de Santa Marta criticó el nuevo intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de anular nuevamente el fallo absolutorio y de repetir el juicio por tercera ocasión en contra de los líderes ambientalistas antiminería. Además, reiteró las denuncias sobre la posible reactivación de la minería metálica.
Alfredo Leiva, vocero de la comunidad, afirmó que la FGR está “obsesionada” con condenarlos sin pruebas. “La representación fiscal ha presentado un recurso de apelación carente de argumentos y con claros vicios, tanto de forma como de fondo, por lo que debe ser rechazado por la Cámara Penal de San Vicente”, demandó en representación de la comunidad. “El escrito de la Fiscalía ni siquiera debería ser admitido”, dijo.
La FGR presentó la apelación el viernes 13 de febrero, último día hábil dentro del plazo legal de 10 días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, por lo que fue interpuesta dentro del tiempo establecido, afirmó Leiva.
No obstante, los miembros de la comunidad Santa Marta, de Cabañas, cuestionaron severamente la decisión de apelar contra el fallo absolutorio de los ambientalistas absueltos en dos ocasiones, tras dos juicios por la misma causa.
“Cuando hablamos de los errores que contiene la apelación, nos referimos a que la FGR plantea argumentos de inconformidad. No están satisfechos con la resolución de los jueces, pero no presentan fundamentos jurídicos sólidos que respalden la apelación”, confirmó Leiva.
“Nosotros consideramos que, más que buscar justicia, lo que intentan es continuar con una estrategia de dilación del proceso. Asumen que podría ser una derrota y, por lo tanto, buscan mantenerlos procesados a toda costa, evitando que los compañeros puedan gozar plenamente de su libertad e incorporarse a las tareas de defensa de la vida”, comentó.
Sobre el procedimiento, explicó que la notificación del tribunal, a la Fiscalía y defensa, establece un plazo de cinco días para responder. Posteriormente, el expediente se remite a la Cámara, instancia que no tiene un plazo definido para emitir resolución.
“Ojalá que la resolución sea pronta y favorable para los compañeros ambientalistas, para cerrar de una vez por todas este proceso”, señalaron.
La comunidad también solicitó a la Cámara Penal de San Vicente eliminar la responsabilidad civil que los jueces de sentencia establecieron contra algunos de los procesados, pese a haber sido absueltos penalmente.
“Tal como plantea el recurso presentado por los ambientalistas, la condena civil en abstracto es improcedente porque no existe relación de causalidad entre los hechos penales imputados y la responsabilidad civil. La duda señalada por los jueces no está sustentada y la Fiscalía no presentó pruebas en el ámbito civil, más allá del peritaje psicológico de una de las demandantes”, argumentó Leiva.
“Santa Marta y las organizaciones nacionales e internacionales que nos apoyan exigimos terminar cuanto antes esta persecución judicial contra los activistas ambientales, para que recuperen plenamente su libertad y retomen con seguridad sus actividades de defensa del agua, el medioambiente y la vida en el país», exigieron.
Por ello, hicieron un llamado a la Cámara Penal de San Vicente a actuar apegada a derecho, ratificando la absolución penal y anulando la responsabilidad civil. “Confiamos en que el profesionalismo, la independencia, el sentido de justicia y la valentía de los magistrados de la honorable Cámara harán posible nuestra justa demanda”.
Agregaron que “con la misma firmeza con la que exigimos libertad para los defensores ambientales, reiteramos nuestra denuncia sobre la inminente reactivación de la minería metálica”.
La comunidad también expresó su solidaridad con la comunidad de San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente. Exigió detener la construcción del relleno sanitario que se ejecuta sin los permisos correspondientes y sin el consentimiento de la población, además de la presunta violación de una medida cautelar vigente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Señalaron que la obra constituiría un ‘ecocidio’ y un ‘historicidio’, al destruir ecosistemas y afectar un sitio de memoria histórica. También denunciaron el uso de fuerza policial para introducir maquinaria, la ilegalidad del proyecto y el acompañamiento gubernamental a intereses empresariales en detrimento de los derechos comunitarios.
Asimismo, ratificaron su demanda de libertad para otros presos políticos del país, entre ellos Ruth López, Enrique Anaya, Eugenio Chicas, José Melara, así como dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, entre ellos Luis Menjívar, Giovanni Aguirre, Fidel Zavala y Giovanni Maravilla.
En el caso de Eugenio Chicas, no descartaron que su persecución esté vinculada a represalias por haber sido testigo clave en la primera absolución de los ambientalistas, lo que constituye un caso de criminalización del activismo ambiental antiminero, concluyeron.
