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Alma Vilches
@DiarioCoLatino
La Comunidad 10 de Mayo, del cantón Loma La Gloria, en Ahuachapán, denunció los diversos procesos judiciales que han promovido para desalojar forzosamente a 86 familias, afectando a 350 personas, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores, a quienes los han calificado de “usurpadores”. Los afectados pidieron al Ministerio de Vivienda ser reubicados en un lugar cercano donde habitan desde 2010.
La secretaria de la comunidad 10 de Mayo, Yolanda Chávez, explicó que las familias han recibido el apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA), para acudir a la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la que el 4 de agosto de 2018 ordenó al Viceministerio de Vivienda, que en 6 meses evaluara la posibilidad de reubicar a las familias.
En julio de este año el Ministerio de Vivienda informó a la comunidad que solicitaron a la Sala de lo Constitucional una ampliación del plazo de 120 días, los cuales terminan en el mes de octubre, sin embargo, hasta la fecha no existe una solución habitacional real para los afectados. Se propuso a 46 de las 85 familias la adquisición de un inmueble en el municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, la cual carecía de los diferentes elementos que componen el derecho a la vivienda adecuada.
Detalló que la propuesta estaba orientada a la adquisición de un financiamiento por medio del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), pero no tomó en cuenta que las familias tienen más de 10 años de habitar en la zona y, por ende, existe un desarrollo laboral, cultural y educativo en el sector; tampoco garantizaba condiciones de seguridad y capacidad adquisitiva de las familias.
“Por no aceptar esa solución se dejó a las familias la responsabilidad de buscar un terreno para reubicarlos, ellas propusieron tres opciones, siendo inspeccionados por el Ministerio de Vivienda de la zona occidental, que comprendiera una ubicación adecuada sin afectar el desarrollo de la comunidad en sus distintas áreas: financiamiento público y solidario para familias históricamente en condiciones de vulnerabilidad ambiental, social y de seguridad, pero hasta la fecha no se han tenido ninguna consideración o respuesta”, indicó Chávez.
Agregó que la comunidad reconoce los esfuerzos gubernamentales para extender títulos de propiedad a las personas en inseguridad jurídica, pero en este caso si no se cuenta con la solución real desde el Ministerio de Vivienda las familias seguirán siendo amenazadas con desalojos forzados, calificándoles de invasores cuando solo buscan la satisfacción del derecho a la vivienda adecuada, por lo cual, hicieron un llamado al sistema integral de vivienda, para dar una pronta y justa salida habitacional.
“Esperamos que el Ministerio de Vivienda haya incorporado en la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2022 la solución habitacional de la Comunidad 10 de Mayo y de otras en condiciones similares; promovemos que el Ministerio de Vivienda solicite a la Sala de lo Constitucional de la CSJ otorgar un nuevo plazo que permita coordinar una solución real y justa a la comunidad. Insistimos en exigir a la Asamblea Legislativa derogar el decreto N° 23 que genera condiciones para la conflictividad social y no está en consonancia con la normativa internacional”, reiteró.
William Sigüenza, representante de la Comunidad 10 de Mayo, señaló que fueron notificados del desalojo por el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán, pues Arturo Oertel Argüello, afirma ser el dueño del terreno y está reclamando el inmueble en las instancias jurídicas; además, mantiene a las familias en constantes amenazas y hostigamiento de órdenes de desalojo.
Los representantes de la comunidad exhortaron a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, retomar la problemática de estas familias y ser incluidas en los proyectos de vivienda digna. Asimismo, pidieron a las instituciones de derechos humanos sumarse a la lucha, a fin de ser beneficiados con solución habitacional digna, adecuada y con seguridad jurídica
Mientras tanto, Teresa Hernández, de FESPAD, manifestó que en 2010 las familias optaron en construir sus viviendas en el terreno con más de 60 años de estar en abandono, sin embargo, ante las demandas de desalojo han acompañado a los afectados con los procesos legales, para encontrar una solución habitacional, “ante la ruptura de un mandato de la Sala se genera inseguridad permanente en la comunidad”, recalcó.
