COFAPPES y Santa Marta piden presencia de embajadas en caso veteranos y excombatientes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

 El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) y la Comunidad Santa Marta han pedido apoyo internacional para liberar a los veteranos y ex cambatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

En una carta dirigida a varias embajadas, COFAPPES y Santa Marta solicitan a las representaciones diplomáticas estar presentes en la audiencia única prevista para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, en el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador.

“Apelamos de manera urgente a la observación y vigilancia de la Comunidad Internacional…, especialmente porque el caso representa una violación de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil y a cinco décadas de militarismo, y que fueron logrados gracias al apoyo decidido y la mediación de países amigos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dice la carta enviada a una embajada, a la cual Diario Co Latino tuvo acceso.

La carta recuerda que “los detenidos, pertenecientes a ambos bandos en la guerra, son artífices de los históricos acuerdos que constituyeron un ejemplo para el mundo sobre cómo resolver de manera negociada conflictos armados internos. Menciona que uno ellos, Atilio Montalvo, formó parte de la comisión negociadora y firmante de los Acuerdos; y otro, José Santos Melara, como diputado, contribuyó a la implementación de los mismos”.

“En tal sentido, solicitamos atentamente que una representación de su embajada pueda estar presente en el desarrollo de dicha audiencia… Consideramos que su presencia es fundamental, como lo fue en el proceso judicial contra los líderes ambientalistas de la Comunidad Santa Marta”, plantea la misiva en poder de este medio.

Representantes de las organizaciones solicitantes confirmaron a Diario Co Latino que la carta fue entregada a cinco embajadas europeas y a dos americanas.

La carta señala que “El Salvador se ha sumado a la lista de países donde existe persecución judicial por razones políticas”, citando el informe de la organización CRISTOSAL “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025”, según el cual al menos 245 personas periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas ambientales, sindicalistas y políticos de oposición han sido objeto de persecución política. De éstas, 85 personas están detenidas en varias cárceles salvadoreñas.

“Entre estos detenidos están los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, un espacio cívico integrado por organizaciones de veteranos militares y de ex combatientes del conflicto armando que vivió nuestro país entre 1980 y 1992”, indica la carta.

Los detenidos son: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos, y el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar.

Citando publicaciones periodísticas de medios investigativos, la carta argumenta que “la acusación carece de pruebas y de fundamento jurídico”.

Los veteranos y excombatientes llevan más de dos años en prisión, tras ser capturados durante la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024, acusados de “planificar accciones terroristas” con el fin de afectar la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional del presidente Nayib Bukele el 1o. de junio de 2024.

La carta también denuncia que “las autoridades judiciales se han negado a otorgar medidas sustitutivas, a pesar de la inexistencia de peligro de fuga y la delicada situación de salud de la mayoría de ellos que sufren insuficiencia renal, diabetes y otras enfermedades crónicas”. Señala que sólo Atilio Montalvo fue excarcelado en julio del año pasado, luego de pasar catorce meses preso.

La misiva, además, denuncia que -a pesar de no tener ninguna relación con pandillas- el caso “ha sido sometido a las reglas del régimen de excepción, está bajo reserva de información, en un tribunal especializado contra el crimen organizado, a cargo de una “jueza sin rostro”, en una audiencia única y sin ninguna garantía del debido proceso”.